Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.-
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) se negó a revelar la cantidad de servidores públicos que reciben protección policial.
Lo anterior al responder a una solicitud de información pública, a través de la cual se le requirió revelar cuántos funcionarios de la misma FGJE y de otras instancias públicas, como el Poder Judicial, reciben protección.
Aunque en ningún momento se le solicitó revelar la identidad de los servidores públicos protegidos, porque solamente se le requirió la cantidad y las razones para que reciban el beneficio, la Fiscalía argumenta que entregar la información del asunto pondría en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las personas.
“¿Cuántos de esos servidores públicos que reciben protección son agentes del Ministerio Público y cuántos policías?; ¿Cuántos de esos servidores públicos son funcionarios de primer nivel? ¿Cuáles son las razones por las que esos servidores públicos reciben protección policial? ¿Cuántos elementos policiales están destinados a dar protección a servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia?; ¿Cuántos servidores públicos de otras dependencias publicas están recibiendo protección de la Fiscalía General de Justicia?; ¿Cuántos jueces del Poder Judicial están recibiendo protección policial?”, fueron las preguntas que se le plantearon a la instancia de procuración de justicia.
Al respecto, el Director General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos y presidente del Comité de Transparencia, Craig López Olguín, argumentó que la Fiscalía, “se encuentra imposibilitada a proporcionar la información, al tratarse de información relacionada con acuerdos emitidos por el consejo de fiscales, los cuales tienen el carácter de reservados…”.
Y añade: “aunado a lo anterior, la reserva supera el ejercicio de los particulares del ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que existe un riesgo real, demostrable e identificable al estar en posibilidad de afectar los datos de información correspondientes a los acuerdos emitidos por el consejo de fiscales que sigan vigente y cuyo objeto sea establecer los servicios o medidas de protección o seguridad a servidores públicos de esta Fiscalía General de Justicia o funcionarios públicos estatales de primer nivel…”.
Además, refiere, la difusión de la información requerida menoscabaría las facultades de reacción e investigación, poniendo en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física.
