Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.-
El gobernador Américo Villarreal Anaya envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para reformar el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2024, con el propósito de que los recursos que eran asignados al pago de un contrato de asociación publico-privada para el servicio de seguridad pública, sean redireccionados al mantenimiento y fortalecimiento de la videovigilancia en la entidad.
Lo anterior, luego de que a partir de diciembre del 2023 el Gobierno estatal dio por finiquitado dicho contrato con la empresa, “Tres 10 S.A de C.V” al detectar incumplimiento de la normatividad aplicable y deficiencias en las obligaciones contraídas.
Aunque el contrato era por un monto de cuatro mil 058 millones 456 mil pesos, para ejercerse en un periodo de seis años, no se precisa cuánto se alcanzó a pagar y el monto que deberá redireccionarse en este año.
La acción legislativa promovida por el titular del Poder Ejecutivo consiste en una modificación al artículo 50 de la Ley del Presupuesto de Egresos, para quedar de la siguiente manera:
“Los recursos correspondientes a las previsiones de pago del Contrato de Asociación Público-Privadas, para el servicio de red de seguridad pública terminado anticipadamente entre las partes, deberán destinarse exclusivamente a servicios de seguridad pública, entre ellos, el de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de videovigilancia del Estado”.
Dicho contrato de asociación publico-privada fue aprobado por la anterior legislatura panista, el 21 de diciembre del 2018, a propuesta del entonces gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca. La empresa se obligaba al desarrollo de la infraestructura y la provisión del equipamiento para el monitoreo y enlace estatal de video y vigilancia urbana, identificación vehicular carretera, atención de emergencias, diseño, creación, adecuación y equipamiento del centro de control y monitoreo, así como su mantenimiento por un periodo de seis años.
El periodo del contrato inició el 27 de junio del 2019 y terminaba el 27 de diciembre del 2025, pero solo tuvo vigencia hasta el 15 de diciembre del 2023, porque la actual administración estatal realizó una auditoría mediante la cual se descubrió el incumplimiento de la normatividad aplicable y derivado de ello dio inicio al procedimiento de rescisión del acuerdo.
Como respuesta, la empresa promovió diversos amparos, pero con ello dejó de prestar el servicio durante 203 días, lo que fue causa para dar por finiquitado el contrato.