Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.-
La tortura como mecanismo para avanzar investigaciones o fabricar acusaciones persiste en México, como lo demuestran las cifras del Inegi, que revelan que el 36 por ciento de las personas privadas de la libertad sufre ese tipo de conducta violatoria de derechos humanos por parte de las autoridades.
La organización no gubernamental “México Evalúa” alertó de lo anterior, al señalar que las cifras son preocupantes.
Lamentó que la tortura persista, pese al robusto marco jurídico que prohíbe y sanciona estas conductas cometidas por policías, con la anuencia y complicidad de fiscales.
“Pese al robusto marco jurídico que prohíbe y sanciona estas conductas, y a los controles judiciales previstos por el proceso penal sobre las actuaciones de policías y fiscales, estas violaciones a derechos humanos no han disminuido”, indicó.
La ONG señaló que frente a la grave situación en ese rubro, ahora que está en la mesa el debate sobre la reforma al Poder Judicial se deben repensar las medidas necesarias para fortalecer la respuesta frente a la tortura.
De acuerdo con la última edición de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, (Enpol) 2021 del Inegi, en ese año fueron detenidas 79 mil 372 personas, de las cuales 36 por ciento denunciaron tortura.
La conducta más común que las personas señalaron es la asfixia o ahorcamiento con una bolsa de plástico.
“Otra acción es impedir la respiración al meter la cabeza de la víctima en agua o vaciarle agua en la cara. También son comunes golpes, descargas eléctricas y cortaduras en órganos sexuales, y agresiones sexuales como acoso, manoseo o intento de violación”, detalló.
Pese a ello, en siete de cada diez casos el Ministerio Público no revisó las circunstancias de la detención y en más de la mitad un médico no certificó la integridad física de las personas detenidas, ni registró por escrito las heridas producto de la detención.
“Estas omisiones obstaculizan la investigación oportuna de los hechos y favorecen al desvanecimiento de pruebas relevantes”, acusó.
Incluso, ya en el Ministerio Público las personas detenidas fueron amenazadas con: levantarles cargos falsos, sufrir daños en su persona o hacia su familia, y la posible muerte.
“A pesar de estos datos, las carpetas de investigación iniciadas por el delito de tortura son considerablemente menores”, señaló.
“México Evalúa” denunció que a pesar de la gravedad del problema los gobiernos no hacen mayores esfuerzos por combatirlo, y como prueba de ello señaló que hay estados que no tienen ni siquiera una fiscalía especializada en investigación de delitos de tortura.
“Pese a que se han creado fiscalías especializadas para investigar la tortura, aún hay estados que carecen de una, o no cuentan con recursos suficientes. A su vez, faltan vías de supervisión del personal médico que documente la integridad física de las personas detenidas, y salvaguardas para garantizar que una vez iniciada una investigación el personal pericial pueda emitir sus dictámenes de manera imparcial”, refirió.
