Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.-
El Partido Acción Nacional (PAN), empujará una reforma de ley para castigar con penas de seis meses a un año de prisión a los padres o tutores legales que se abstengan de inscribir en las escuelas a sus hijos o dependientes menores de 18 años.
Para ello, los diputados panistas presentaron una iniciativa de decreto con la cual proponen añadir el capítulo VIII y los artículos 301 Bis y 301 Ter al Código Penal del Estado.
El capítulo sería denominado “Incumplimiento de Obligaciones Educativas”, en tanto que en el artículo 301 Bis se establecerá que comete ese delito “quienes, siendo padres o tutores legales, sin motivos justificados; se abstengan de inscribir o llevar a sus hijos o dependientes menores de 18 años, a la institución educativa que les corresponda”.
La penalidad para la conducta delictiva quedará determinada en el artículo 301 Ter.
“A los responsables del delito descrito en el artículo anterior, se les impondrá una sanción de seis meses a un año de prisión y multa de hasta 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y privación de derechos relativos a la familia”.
En la exposición de motivos, los diputados panistas refieren que, a pesar de que el Estado invierte una gran cantidad de recursos públicos para lograr que año con año los niños tengan un aula, un maestro y un pupitre, existen casos en que por negligencia; sus padres o tutores no inscriben y no envían a sus hijos en los niveles escolares que son obligatorios.
De acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, el 18% de niñas y adolescentes menores de 18 años no asiste a la escuela; 9 de cada 10 niños que empiezan la primaria llegan a secundaria, y si son niños con discapacidad, solo seis de cada diez lo logran. A su vez, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia Unicef por su parte, con datos de la Secretaría de Educación Pública federal, refleja que cuatro millones de niños, en edad escolar no asiste a la escuela.
“Tales realidades, obligan a que el Estado, intervenga mediante el uso de la llamada última razón, que es el derecho penal; para que investigue, persiga y con ello también persuada la realización de aquellas conductas en que por negligencia e irresponsabilidad en que padres y tutores, incumplan con sus obligaciones de mandar a sus hijos a las escuelas a las que tienen derecho” señalaron.
