Por Rogelio Rodríguez Mendoza
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), culpó al personal médico del hospital Rural Solidaridad del IMSS en Tula, por la muerte de una paciente embarazada y su bebé.
De acuerdo a la conclusión a que llegaron los investigadores, los médicos y otros servidores públicos incurrieron en violencia obstétrica contra la víctima.
Los hechos ocurrieron el 31 de octubre del 2021. Ese día, la paciente ingresó al nosocomio por diversos malestares durante su embarazo, por lo cual fue hospitalizada. La familia no recibió información hasta el tres de noviembre, cuando le comunicaron que tanto ella como el producto de la gestación habían fallecido.
“El IMSS le dio a la víctima una atención deshumanizada, generándole problemas a su salud que trascendieron a su fallecimiento y a la pérdida del producto de la gestación, lo que configuró violencia institucional, así como afectaciones al proyecto de vida de sus familiares, puesto que lo ocurrido representará un obstáculo para su pleno desarrollo” señala la recomendación 74/2024.
Y añade: “La revisión del expediente clínico permitió constatar que la víctima no tuvo un diagnóstico adecuado ni un tratamiento oportuno para las diversas enfermedades con las que vivía. Se omitió realizarle una entrevista y exploración física enfocada en la búsqueda de factores de riesgo, asociados a parto prematuro; así como la realización de estudios de laboratorio y llevar a cabo una prueba de bienestar fetal, entre otras deficiencias que contribuyeron a la pérdida de la vida de ella y el producto”.
Ante ello, la CNDH recomendó al IMSS colaborar con la reparación integral el daño a las víctimas indirectas, incluyendo el otorgamiento de la pensión fijada en términos de ley, la atención psicológica y tanatológica que necesiten, además de garantizar su acceso a los servicios de educación, para lo cual deberá tramitar una beca y el otorgamiento de programas sociales en su favor.
“Igualmente, para la no repetición de hechos parecidos, deberá garantizar la realización de estudios de laboratorio y de gabinete que permitan efectuar el diagnóstico y análisis que requieran las personas derechohabientes en el Hospital (involucrado), especialmente las mujeres y personas gestantes que cursan embarazo y, por último, colaborar en la investigación iniciada por la CNDH ante las instancias correspondientes para deslindar responsabilidades” indicó.