Por Alfredo Guevara
Cd. Victoria, Tam.- La Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción (FECC), iniciaría en los próximos días proceso penal contra cuatro ex funcionarios de la anterior administración estatal.
Estos cuatro, se vendrían a sumar a los otros cinco ex funcionarios vinculados a proceso, entre los que se encuentran quienes estuvieron al frente de la Secretaría de Educación (SET), Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Administración, Contraloría y una ex directora que además de ser sentenciada, está obligada a reparar el daño al erario estatal.
72 servidores públicos son imputados
El titular de la Fiscalía Raúl Ramírez Castañeda precisó que de las 67 carpetas presentadas por la actual administración estatal, solo 72 ex servidores públicos son imputados, es decir, sobre ellos pesa una acusación por haber cometido presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Y aunque el número es un poco elevado, el Fiscal Anticorrupción dijo que se está analizando la situación de cada uno de los 72 ex servidores públicos imputados, tomándose en cuenta que al partir desde un titular de Secretaría, se incluye a todo el personal del departamento y hasta operarios, cuando ellos ni siquiera firman y se abulta la carpeta.
Ramírez Castañeda negó que los procesos de judicialización de las denuncias presentadas por la administración estatal sean lentos, dado que en casi dos años, sólo se han vinculado a proceso a siete ex funcionarios públicos.
Falta de personal y presupuesto alarga investigaciones
Atribuyó a la cantidad de procesos judicializados, a la falta de personal en la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, de presupuesto y respuesta por parte de los demandantes, lo que de cierta forma alarga las investigaciones.
En septiembre de 2023 el primer ex funcionado vinculado a proceso fue quien ocupada la titularidad en la SET por peculado y ejercicio ilícito en el servicio público por el desvío de ocho millones de pesos.
Un mes después lo fue el ex titular de Seduna por ejercicio ilícito del servicio público y recientemente una vinculación más, lo que agrava su situación legal.
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