Por Alfredo Guevara
La corrupción enquistada en las juntas de conciliación y arbitraje no ha permitido abatir el rezago que impera en alrededor de 15 mil expedientes laborales, en algunas cuestiones por falta de voluntad de los abogados o complicidad de ellos con funcionarios de instancias laborales.
Y es que la complicidad entre abogados y funcionarios de anteriores administraciones, dejaban que crecieran los laudos para que aumentara la cantidad que debía ser pagada, de ahí que se tenga un expediente que data de 38 años sin resolver, confirmó Luis Gerardo Illoldi titular de la Secretaría del Trabajo.
Admitió que la corrupción en esas instancias laborales de una u otra forma no se ha podido erradicar por completo, tras haber detectado comportamientos anómalos que se han turnado a la instancia que corresponde para iniciar una investigación y en su caso, imponer sanciones y castigos.
“El más antiguo debe tener cerca de 38 años, lo cual es bastante, dado la complejidad de los mismos casos es que se han ido quedando atrás, pero bueno, la idea y el compromiso de este gobierno es cerrar el sexenio agotando los expedientes y cerrando las juntas de conciliación y arbitraje a más tardar en el 2029”, señaló.
Si bien no todos los casos tienen esos años sin lograr un acuerdo entre el trabajador y el patrón, por la misma complejidad, la falta de voluntad en algunas cuestiones por parte de los abogados no se han podido resolver, sostuvo.
Illoldi Reyes admitió que no se ha podido abatir esos expedientes por considerar que “ha habido una especie de complicidad entre abogados y funcionarios de ese entonces, que dejaban que crecieran los laudos para que aumentara la cantidad que debía ser pagada, esa es una realidad”.
Confirmó que en esta administración se está luchando contra la corrupción que había enquistada en las juntas de conciliación, dado que de los 26 mil expedientes que forman parte del rezago, se han resuelto poco más de diez mil.
Apuntó que si bien hay estados en el país que se han fijado como meta abatir el rezago de expedientes hasta el 2090, la idea es que en Tamaulipas quede finiquitado en el 2029.