Shalma Castillo
Cd. Victoria, Tam.-
Los municipios rurales y posiblemente con mayores carencias en Tamaulipas son los principales en incumplir con la aplicación adecuada de apoyos sociales por parte de sus ayuntamientos.
En el 2023 los ayuntamientos de Padilla y González obtuvieron resultados insuficientes en la fiscalización realizada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) sobre el manejo de programas sociales y educación para la población más vulnerable en estos rubros.
De acuerdo al informe de auditoría número AED/031/2024 practicada al Municipio de Padilla, la autoridad municipal no presentó evidencia de un diagnóstico situacional que identifique la problemática que se pretende atender con recursos asignados a Ayudas Sociales.
El recurso aprobado en el Ejercicio Fiscal 2023 de Ayudas Sociales para el Ayuntamiento de Padilla ascendió a seis millones 200 mil pesos, que benefició únicamente a 577 personas de esta región. Sin embargo, la ASF señaló que en la evidencia que presentaron se aprecia uso de diferentes fuentes de financiamiento y cuentas bancarias de retiro de recursos para cubrir el gasto público.
“Se observa que el tesorero del Ayuntamiento de Padilla es quien emite los cheques a su nombre personal para cubrir los apoyos, los cambia a efectivo, entrega el recurso en sobre cerrado y él mismo es el responsable de la comprobación, hecho que no resulta transparente, además no justifica en un documento formal, los motivos que lo llevaron a determinar la entrega de las ayudas sociales”, señala el documento de la ASE.
La ASE determinó que, sobre el desempeño del Municipio de Padilla en Ayudas sociales, “no cumplió” debido a que no justifica la intervención del gobierno en atención a un problema específico, programación y presupuestación adecuados; así como las reglas de operación para la entrega de gastos y aprobación por parte del Cabildo para la entrega de recursos bajo esquema de gastos personales de ciudadanos, pagados en efectivo y administrados por un mismo responsable.
En el caso del Ayuntamiento de González, el órgano fiscalizador informó que la documentación sobre los programas de Bienestar Social, los formatos de solicitud y recepción de apoyo no fueron llenados debidamente, solo contienen la presunta firma del beneficiario y en algunos formatos no mostraron similitud con la firma del INE.
Entre otras de las irregularidades, no presentó el reporte presupuestario al cierre del Ejercicio 2023, que identifique los montos aportados, modificados, ejercidos, así como el subejercicio del gasto por tipo de apoyo.
En materia de Educación, la ASE determinó que la autoridad de González “no cumplió”, dado que no tiene elementos suficientes para determinar el cumplimiento de los objetivos del programa, la comprobación del gasto representa el 34 por ciento de los apoyos entregados, según muestra de auditoría.
