Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.-
El actual sistema disciplinario del Poder Judicial Federal tiene deficiencias y elementos que es necesario revisar, pero la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo lejos de resolver las deficiencias las agrava, advirtió la organización no gubernamental “México Evalúa”.
“La iniciativa de reforma al Poder Judicial plantea la eliminación del Consejo de la Judicatura para, en su lugar, crear un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial. Aunque en sí misma esta separación no representa un riesgo, sí lo es la manera como se pretende integrar dicho órgano y las amplias atribuciones que tendrá”, señaló.
Y añadió: “En resumen, la creación del Tribunal de Disciplina Judicial representa un riesgo de captura política del órgano disciplinario. Abre la puerta a presiones e injerencias indebidas en los órganos judiciales, fractura el sistema de contrapesos y obstaculiza el derecho a una justicia imparcial”.
Esa situación abre el riesgo de que las personas juzgadoras se pueden ver presionadas a resolver en determinado sentido, o a ser castigadas por una decisión dictada en el ejercicio de sus funciones judiciales que se perciba contraria a los intereses de los órganos políticos.
De acuerdo con la iniciativa de reforma, el Tribunal estará integrado por cinco personas magistradas elegidas a través del voto directo de la ciudadanía. La selección de las personas candidatas estará a cargo del Congreso, de la Presidencia de la República y del Pleno de la SCJN, quienes harán diez propuestas cada uno.
Aunque la selección final estaría en manos de la ciudadanía, persiste el riesgo de captura política de los cargos de las personas magistradas del Tribunal en tanto dos órganos políticos estarán encargados de seleccionar a quienes aparecerían en las boletas electorales.
También es un riesgo la falta de idoneidad de las personas que obtengan el cargo.
“Para que las tres instancias del Estado elijan a sus personas candidatas, no se prevé un mecanismo de designación objetivo, meritocrático, que garantice la idoneidad de los perfiles para el buen desempeño del cargo”, indicó.
Por otra parte, la iniciativa prevé diversas causales de imposición de sanciones de carácter muy amplio y vago: “interés público”, “adecuada administración de justicia”, “complicidad o encubrimiento de presuntos delincuentes”.
El no contar con causales precisas dejará a las personas juzgadoras en la incertidumbre jurídica y facultará a las personas magistradas del Tribunal de Disciplina para interpretar de manera discrecional dichos conceptos.