Por Alfredo Guevara
La reforma judicial impulsada por el presidente de México, trasgrede los derechos individuales, contraviene la Constitución y pone en riesgo la separación de poderes, aseguro Luis Enrique Arreola secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE), del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Lamentó que por primera vez en la historia del país dos poderes – el Ejecutivo Federal y Legislativo – se unan para destruir a otro, el Judicial, con una iniciativa que no solo pone en riesgo la división de poderes, sino que traerá consecuencias en lo político, económico y lo social.
Denuncia presiones para votar a favor
En una rueda de prensa con medios de comunicación, admitió que el PRI avala la necesidad de ir a una reforma judicial en México, pero consideró que no en los términos y condiciones en que se impulsa por parte del Ejecutivo Federal y sus aliados en la Cámara de Senadores de la República y diputados federales.
“El Partido impulsará una reforma judicial que respete los principios constitucionales y garantice la separación de poderes, que no afecte los derechos de los trabajadores y que todos aquellos que tienen méritos profesionales sean los juzgadores del Poder Judicial como sucede actualmente y no mediante el voto popular”, sostuvo.
El secretario general del CDE del PRI denunció que algunos senadores de la república fueron presionados y coaccionados para que votaran a favor de la reforma judicial, aun cuando no estaban de acuerdo en su aprobación, porque vulnera los principios constitucionales.
Aseguro Luis Enrique Arreola que aprobar la reforma judicial en los términos planteados, a capricho del presidente de México Andrés Manuel López Obrador traerá consecuencias para el país y será una carga que llevará durante su periodo la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
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Apuntó que hay empresas extranjeras que de una u otra forma tienen detenidas sus inversiones en alguna de las entidades del país y están a la espera de conocer si se aprueba la reforma o no, para tomar una decisión que, en caso de aprobarse, no aterrizarla.
Incluso, hay otras que teniendo años dedicados a la producción en algunas de las entidades del país, corren el riesgo de retirar sus inversiones y trasladarlas a otras partes en el mundo.