Rogelio Rodríguez Mendoza
Cd. Victoria, Tam.- El principal problema de la justicia penal en México radica en la impunidad originada por la ineptitud de las fiscalías y policías, y no en los poderes judiciales, advirtió la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
Advirtió que la impunidad alcanza el 96.3 por ciento de los casos denunciados, sin contar con la llamada cifra negra, que son los delitos que no siquiera se denuncian o en los que no se abre una carpeta de investigación. Solo 7 de cada 100 delitos llegan al sistema de justicia.
Reforma no resolverá nada
Por esa razón, sentenció, la reforma judicial que aprobó el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales, no resolverá absolutamente nada.
“No olvidemos estos datos, porque serán una de las líneas de base con las que mediremos los efectos de esta eventual reforma sobre la efectividad de la justicia penal. Dicho sea de paso, nos preocupa que va a agravar el problema, y no ayudará a resolverlo”, mencionó.
Y añadió: “Es difícil imaginar que, con esta reforma, la justicia en México tendrá la efectividad que tanto demanda la sociedad. Como se ha señalado en muchos espacios de discusión, la propuesta carece de una perspectiva integral sobre los problemas y necesidades que enfrenta la justicia en México”.
Consideró que la reforma parte de un diagnóstico incompleto sobre el problema público que busca resolver, que es la impunidad.
Además, la justicia penal no es solamente el Poder Judicial, porque comprende también las fiscalías, policías, peritos y otras instancias, en donde está realmente el problema de impunidad que agobia al país.
“De acuerdo con nuestro reporte Hallazgos 2022, en ese año las fiscalías estatales iniciaron 2,246,885 procedimientos derivados de las carpetas de investigación por presuntos hechos delictivos. De ellos, al cierre del año, 52.3% continuaron en trámite o en proceso de investigación; 43% fueron resueltos por alguna determinación ministerial que no representa una solución efectiva para las víctimas, como el no ejercicio de la acción penal o el envío de los expedientes al archivo temporal; y sólo en el 4.3% hubo una vinculación a proceso”, explicó.
Esto significa que en menos del 5% de los casos denunciados la resolución era competencia de los jueces locales, ya sea por juicio oral, procedimiento abreviado o suspensión condicional del proceso.
En consecuencia, reiteró, uno de los mayores retos que enfrenta la justicia penal tiene que ver con las capacidades de las fiscalías para procurar justicia, considerando el volumen, diversidad y complejidad de los casos que año con año conoce.
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