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El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional a la Guardia Nacional con 362 votos a favor y 133 en contra, alcanzando así la mayoría calificada necesaria.
La iniciativa, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre este cuerpo de seguridad, que cuenta con más de 120,000 elementos y fue creado en 2019 con el compromiso de mantener un mando civil.
Tras su aprobación, el proyecto se enviará al Senado para su revisión y efectos constitucionales.
Modificaciones Clave En El Dictamen
Una de las modificaciones significativas en la reforma es la eliminación de las palabras “de origen” y “marino” del artículo 21, lo que redefine a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública integrada por personal militar con formación policial.
Esto implica que la Guardia Nacional operará bajo el mando de la Sedena y se encargará de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, legisladores de oposición han expresado preocupaciones sobre una posible «militarización» del país, ya que esta reforma modifica el artículo 129 de la Constitución, limitando las funciones militares en tiempos de paz.
Críticas Y Consecuencias
La reforma ha generado críticas por parte de especialistas y activistas en derechos humanos, quienes advierten sobre las implicaciones de militarizar un cuerpo originalmente civil.
La Suprema Corte había declarado inconstitucional una reforma anterior que buscaba militarizar la Guardia Nacional.
Sin embargo, con el control actual de Morena y sus aliados en el Congreso, se ha facilitado la modificación constitucional.
Opositores argumentan que esta medida contradice las promesas del presidente sobre mantener al Ejército fuera de las calles y refuerza un modelo de seguridad pública que depende cada vez más de las Fuerzas Armadas.
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