Staff ED
El Congreso del Estado impuso un plazo de tres días al alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, para que comparezca, en persona o por escrito, a responder a la solicitud de 16 regidores que lo acusan de violentar la ley, y exigen suspenderlo o revocarlo del cargo.
Lo anterior, como parte de un acuerdo aprobado, con 11 votos a favor y dos abstenciones, por las comisiones unidas de gobernación y asuntos municipales.
Ambos órganos legislativos determinaron dar entrada a la denuncia de los regidores, recibida por el Pleno durante la sesión ordinaria de este miércoles, y correrle copia al presidente municipal, “a efecto de que comparezca en un término de tres días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, pudiéndolo hacer por escrito”.
Las acusaciones
Los regidores lo acusan de violentar diversas disposiciones establecidas en los artículos 35, 38 y 49 del Código Municipal, luego de que decidió ratificar en sus cargos, sin la aprobación del Cabildo, a diversos funcionarios municipales, entre ellos el Secretario del Ayuntamiento; el tesorero; el contralor; el secretario de desarrollo urbano y ecología; el director de servicios municipales; el director de obras públicas; y el secretario de seguridad pública.
En su denuncia, relataron que durante la sesión del Cabildo, realizada el uno de octubre pasado, y a la que asistieron los 24 integrantes, no fue incluida en la orden del día la propuesta para designar a funcionarios públicos para la nueva administración municipal, como lo establecen los artículos 49 y 55 del Código Municipal.
En dichos artículos se señala que, el alcalde carece de facultades discrecionales para nombrar o remover a los funcionarios públicos sin el aval del Cabildo.
Sin embargo, al concluir esa sesión, Gattás Báez convocó a conferencia de prensa, en la sala de juntas del edificio sede de la presidencia municipal, para hacer pública su decisión de ratificar a todos y cada uno de los funcionarios que lo acompañaron en la administración 2021-2024.
“He tomado la decisión de no solicitar la remoción de ninguno de los funcionarios. Por la lealtad que los ha caracterizado, no pediré la remoción de ningún servidor publico”, declaró abierta y públicamente el edil.
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Los regidores acusan que, con esa decisión el alcalde promueve y ejecuta disposiciones graves que causan trastorno en el gobierno, y se coloca en los supuestos de las fracciones 4, 6 y 8 del artículo 38 del Código Municipal, configurándose una probable conducta ilícita de uso indebido de facultades.
Los supuestos en que podría haber incurrido el presidente municipal son: la omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones; usurpación o uso indebido y sistemático de atribuciones; y adoptar conductas sistemáticas y graves que afecten al buen gobierno y la administración del municipio.
