Staff ED
Bajo el argumento de que carecen de legitimación, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, pidió al Congreso del Estado desechar la solicitud de 16 integrantes del ayuntamiento, quienes solicitaron formalmente separarlo del cargo o revocarle el mandato por violaciones al Código Municipal.
Lo anterior, al comparecer por escrito ante las comisiones unidas de gobernación y asuntos municipales, para dar respuesta a las acusaciones en su contra dentro del procedimiento legislativo correspondiente.
En sesión celebrada este jueves, ambos órganos legislativos dieron entrada al oficio de contestación, de fecha del 21 de octubre, mediante el cual el edil hizo diversas manifestaciones para acreditar la presunta falta de legitimidad de los 15 regidores y la síndico.
Derivado de ello, las comisiones legislativas aprobaron un acuerdo a través del cual declararon la apertura de la etapa de pruebas durante un periodo de tres días, contados a partir del día siguiente en que el edil morenista y los denunciantes sean notificados.
Una vez agotada esa etapa, se abrirá inmediatamente otra, también por un periodo de tres días, para que las partes expongan sus alegatos.
Agotadas ambas etapas, los órganos legislativos deberán emitir el dictamen correspondiente, en el que se establecerá la resolución que recaiga en relación a la denuncia de los 16 integrantes del ayuntamiento.
Los 16 regidores y la síndico Lili García Fuentes, acusan al alcalde morenista de incurrir en usurpación de funciones y otras conductas delictivas, al haber ratificado, sin la aprobación del Cabildo, al secretario del Ayuntamiento, al tesorero, al contralor, al secretario de Desarrollo Urbano, al director de obras públicas y al director de seguridad pública, entre otros.
Con ello, acusan, Gattás Báez violentó diversas disposiciones del Código Municipal, por lo que el Congreso del Estado debe proceder a separarlo del cargo o a revocarle el mandato.
Por separado, los 16 integrantes del ayuntamiento formalizaron una denuncia en contra del presidente municipal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y promovieron un juicio para la defensa de sus derechos políticos y electorales ante el Tribunal Electoral del Estado.
