La elección de carácter judicial puede superar el costo de un proceso para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, en función del número de cargos a elegir, aun cuando no haya financiamiento público y sin tope de gastos personales para quienes aspiren a una candidatura.
Por ello, es importante no tener ceguera de taller y pensar que una eventual elección de jueces y magistrados en Tamaulipas precisa determinar nuevos distritos electorales u oficinas en donde nunca se han instalado para elecciones de diputados locales.
Lo anterior, luego de un análisis del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), en el que se explica que si bien se estarían utilizando las mismas bases que de una contienda político electoral, es difícil con esas normas un proceso de elección judicial, donde los distritos en los que se eligen diputaciones no son la misma cantidad ni la conformación que los judiciales.
Lo anterior luego de que el subsecretario de Enlace Legislativo, Rómulo Pérez Sánchez, del Gobierno del Estado, diera a conocer que en común acuerdo con el Poder Legislativo trabajan en una propuesta de reforma en materia judicial a presentarse en el Congreso local en el mes de noviembre.
Se reveló que en espera de que se publique la iniciativa y se den a conocer los alcances de lo que implica la reforma judicial en el estado, el Instituto ha iniciado un trabajo de reflexión en aspectos básicos a considerarse para el proceso, en lo técnico operativo, análisis jurídico, conformación de distritos y su impacto en la elección de magistraturas y judicatura en la entidad.
De armonizarse la elección en el estado, convino en que el paso siguiente será atender tiempos que marque la reforma.
Y si bien el proceso eleccionario 2023-2024 tuvo un costo cercano a los 600 millones de pesos, una elección judicial, aunque no contemple la entrega de prerrogativas o financiamiento público, puede representar una erogación mayor, dependiendo del número de cargos a elegir.
En ese sentido, el presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, aseveró que el Instituto Nacional Electoral (INE) mantendrá la rectoría del proceso judicial y sería quien determine si se utilizan casillas o mesas receptoras del voto ciudadano.
