Rogelio Rodríguez Mendoza
La impunidad en el sistema de justicia sigue siendo alarmante, pues apenas siete de cada cien delitos denunciados ante las fiscalías estatales alcanzó una resolución.
Así lo reveló la organización no gubernamental, “México Evalúa”, al presentar el resultado del reporte, “Hallazgos 2023”.
“La impunidad se ha mantenido por encima del 90 por ciento desde 2018”, señaló, al detallar que el índice de impunidad estima cuántos casos, de los que son conocidos por las autoridades, reciben una respuesta efectiva durante el año.
“El resultado de este indicador para 2023 apunta a que apenas siete de cada 100 casos que llegaron a las fiscalías estatales contó con una resolución. Es decir, la impunidad directa alcanzó al 93.63 por ciento de los expedientes que se encontraban bajo investigación durante 2023”, refirió.
Aunque se trata de una mejora de casi tres puntos respecto de 2022, el indicador se ha mantenido por encima del 90 por ciento desde 2018.
La investigación de “México Evalúa” es realizada desde hace once años, para llevar a examen a cada una de las instituciones de justicia: fiscalías, tribunales, comisiones de víctimas, defensorías públicas, unidades de supervisión de medidas cautelares, sistema penitenciario y seguridad pública.
De esa manera, se concluyó que en el ámbito federal la historia en términos de impunidad y resolución efectiva de casos es similar a los datos estatales.
Algunas métricas relevantes apuntan a que persisten barreras importantes para la denuncia, un uso incipiente de los mecanismos alternativos de solución de controversias, altas tasas de congestión, tanto en fiscalías como en tribunales, un bajo porcentaje de casos judicializados, y elevados índices de impunidad.
“Las brechas que identificamos entre el deber ser y la realidad que experimentan a diario las víctimas y las personas procesadas, permanecen a la espera de una estrategia nacional con visión sistémica que atienda sus verdaderas causas estructurales, una clara oportunidad para la administración entrante”, acusó.
Entre las causas posibles que originan la impunidad figura la abrumadora carga de trabajo que enfrentan las y los servidores públicos, los modelos de gestión y políticas con las que operan las instituciones, y el presupuesto ejercido por éstas.
Ante la situación, México Evalúa llamó a los gobiernos “a tomar en serio la discusión, basada en evidencia, en torno a cuál debe ser la ruta de acción a seguir para atender la crisis de impunidad por la que atraviesa la justicia penal”.
La ruta inicia por reconocer la corresponsabilidad que cada institución lleva en los resultados observados, por construir una coordinación interinstitucional duradera y por implementar políticas que pongan al centro a las personas, a sus derechos y a sus reclamos de justicia.
