Alfredo Guevara
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por lo menos 35 mil mujeres de Tamaulipas podrían ser incorporadas al programa de 60 años y más, implementado por el Gobierno Federal como parte de una estrategia para contribuir en su economía familiar y mejorar sus condiciones de vida.
A la fecha, poco más de 25 mil mujeres se han empadronado, iniciando con aquellas que tienen 63 y 64 años de edad, y posterior a ello incorporar a las que cuentan con 60 en adelante, confirmó Luis Lauro Reyes, encargado de los programas sociales del Bienestar en Tamaulipas.
La idea es que mediante este programa se apoye a todas las mujeres de 60 años en adelante, a quienes se les apoyara con la entrega de tres mil pesos en forma bimestral, con el objeto de apoyarles en su economía y coadyuvar en la solución de sus principales necesidades.
“Iniciamos el programa con la incorporación de las mujeres que tienen 63 y 64 años, hasta ahora se han inscrito alrededor de 25 mil en términos generales y de manera paulatina iremos haciendo lo propio con las que tienen 60”, explicó el funcionario público.
Alerta por fraude en programas sociales
Pidió a los familiares como a las personas que serán susceptibles de recibir este beneficio económico que les otorga el gobierno federal, a no ser víctimas de personas que les pudieran cobrar por incorporar a las mujeres a este nuevo programa.
Comentó que constantemente se están realizando recorridos por los diferentes municipios para decirle a la gente en general, que todos los trámites que tienen que hacer para ser inscritos en los diferentes programas sociales, son totalmente gratis.
“Nadie debe pagar porque les hagan los trámites, todos los trámites son gratuitos por parte del personal que se encarga de registrar a las personas susceptibles de los beneficios que otorga el gobierno de la república”, señaló.
Pidió a la población en general, que cuando se entere de que se les está condicionando o cobrando alguna cantidad de dinero por registrarlo en alguno de los programas sociales, hacerlo del conocimiento a los servidores de la nación o bien, cualquier otra instancia del gobierno federal o del Estado para detener y sancionar a quienes lucran usando los programas sociales.
JR
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