Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
Con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, y nueve en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional al Poder Judicial del Estado.
De nada sirvieron las enérgicas posturas de legisladores de aposición, porque luego de casi 30 minutos de debate, al final Morena, el PT y el PVEM lograron los votos suficientes para sacar adelante la reforma constitucional, con el apoyo de más de las dos terceras partes del Pleno.
De esa manera, el decreto legislativo, que recayó en la iniciativa de decreto enviada el pasado siete de noviembre por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quedó listo para ser publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), lo que dejará al Congreso en posibilidad de emitir la convocatoria respectiva para los aspirantes a jueces y magistrados.
La elección de los juzgadores se realizará el primer domingo de junio del 2025, el mismo día en que se elegirán a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
Tamaulipas elegirá a 18 magistrados y 111 jueces
En Tamaulipas serán electos alrededor de 18 magistrados (10 de Sala; tres regionales y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial) y 111 jueces.
Los jueces en funciones que hayan aprobado su segunda ratificación, podrán postularse directamente como candidatos al cargo, sin tener que pasar por el filtro del comité de evaluación.
El presidente de la Comisión de Justicia, Isidro Vargas Fernández, aclaró que lo siguiente es generar las leyes secundarias, que establecerán los candados para cerrar el paso a los aspirantes inexpertos en la impartición de justicia, y detectar aquellos que tengan relación con el crimen organizado.
Refirió que la aprobación de esta reforma constitucional fue resultado de un amplio proceso de consulta pública, en el que se incorporaron propuestas de especialistas, instituciones educativas y la ciudadanía, tras un diálogo que permitió realizar ajustes clave al proyecto.
Además, en el proceso de análisis se garantizó la protección de los derechos laborales de los trabajadores judiciales, se establecieron lineamientos claros para que la transición al nuevo modelo orgánico no afecte sus condiciones laborales ni su estabilidad.
JR
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