Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidó el decreto legislativo que creo la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, el Partido Acción Nacional (PAN), promoverá acciones legales para anular diversas iniciativas impulsadas por esa instancia y avaladas por el Pleno legislativo.
En conferencia de prensa, el presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván, dijo que ya se preparan las acciones legales para demandar la nulidad del nombramiento del Auditor Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, y del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Jesús Eduardo Govea.
Admitió, sin embargo, que Morena y sus aliados podrían volver a modificar la ley para subsanar las observaciones de la SCJN, porque ahora si reúnen la mayoría calificada que se requiere, lo cual no sucedía en la anterior legislatura.
«No me queda duda que van a reformar de nuevo la ley para tratar de corregir sus errores», dijo el también exdiputado local.
“El tiempo nos dio la razón. Desde aquel momento yo les dije que lo estaban haciendo mal y que estaban violando la ley, pero no hicieron caso” señaló.
Dijo que se están revisando todos los efectos legales que podría tener la invalidez de la Junta de Gobierno, pero insistió en que su partido pedirá anular diversos nombramientos, entre ellos los del Auditor Superior y del Fiscal Anticorrupción.
También buscará revertir la reapertura de 159 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, del Gobierno del Estado.
El pasado martes, la SCJN invalidó el decreto legislativo 65-619, publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE), con el cual se reformaron 44 artículos de la ley organizacional del Congreso, para entre otras cosas crear la Junta de Gobierno, como principal órgano de mando del Poder Legislativo.
Con esa estrategia, Morena evitó atender una sentencia de un tribunal electoral que le ordenaba cederle la presidencia de la Junta de Coordinación Política al PAN, lo que le hubiera significado perder nuevamente el control del Congreso del Estado.
Los ministros declararon la invalidez de dicho decreto, porque las reformas fueron aprobadas con mayoría simple de votos, y la ley del Congreso exige mayoría calificada.
