Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el voto en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, la legislatura de Tamaulipas le dio el aval a la reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que recibirán prisión preventiva oficiosa.
De esa manera, los acusados de emitir facturas falsas, de extorsión, y cometer algún delito relacionado con el fentanilo, estarán privados de su libertad hasta en tanto un Juez resuelve sobre su culpabilidad o inocencia.
Para ese efecto, el Congreso del Estado avaló, con 27 votos a favor y siete en contra, la minuta proyecto de reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la constitución federal.
El diputado de Morena, Bayron Cavazos, señaló que la reforma es necesaria porque se trata de delitos que han sembrado el miedo, la pobreza y desconfianza en la población.
Mercedes del Carmen Guillén Vicente, legisladora del PRI, sentenció que la prisión preventiva es un arma letal silenciosa, sobre todo para los pobres.
Dijo que la decisión de aumentar los delitos con prisión preventiva oficiosa no es, para nada, la solución a la inseguridad pública.
“Esta figura debería usarse con mucho cuidado y solo en casos muy graves. Se introdujo en el 2008, se adicionó en el 2019, y ahora se busca, lamentablemente, una tercera consideración” señaló.
Con esta reforma, refirió, que habrá 23 delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa.
La diputada, Mayra Benavides, del partido Movimiento Ciudadano, (MC), dijo que no hay evidencia alguna de que la prisión preventiva oficiosa reduzca la delincuencia y en cambio si la hay de que destroza vidas.
“De qué sirve esta medida cautelar, si en los últimos seis años no se ha reducido la inseguridad ni ha mejorado la justicia” sentenció.
“Es una solución falsa. México necesita un modelo de justicia que no sea punitivo sino transformador” refirió.
Por su parte, la legisladora, Silvia Chávez, a nombre de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, se pronunció a favor de la reforma constitucional, y aclaró que no constituye un cheque en blanco para encarcelar a personas.
A quienes se oponen a la reforma, les dijo que “se les olvida el interés de la sociedad y la reparación del daño a las víctimas”.
