diciembre 12, 2024
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A foro conformación de la Ley de Víctimas

diciembre 5, 2024 | 57 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
Para recoger opiniones de la ciudadanía, el Congreso del Estado realizará una consulta pública en relación a una iniciativa de decreto que busca crear una nueva Ley de Atención a Víctimas de Tamaulipas.

Así lo determinaron las comisiones unidas de Justicia, de Derechos Humanos y Estudios Legislativos, que emitirán una convocatoria para llamar a la sociedad a participar en foros públicos a realizarse a partir de enero próximo.

La iniciativa de reforma la Ley de Atención a Víctimas fue enviada por el gobernador Américo Villarreal al Congreso del Estado y, entre otras cosas, prevé que los municipios deberán destinar recursos presupuestales para atender a quienes resulten afectados, directa o indirectamente, por los delitos.

Con ello, el Congreso buscará recoger las opiniones de colectivos, de abogados, de académicos y de la sociedad en general para fortalecer la iniciativa.

El diputado Isidro Vargas Fernández explicó que la acción legislativa “busca garantizar un nuevo ordenamiento y disposiciones reglamentarias que atiendan a las necesidades y brinde certeza jurídica a las víctimas”.

“Se permitirá así que el Estado, los municipios, el sistema Estatal y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tengan un marco regulatorio actualizado para establecer los programas, las acciones y demás políticas públicas que se implementen para la atención integral a las víctimas”.

La iniciativa fue enviada al Congreso del Estado, el pasado siete de noviembre, por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En la exposición de motivos señaló que: “Se requiere de una normatividad actualizada, que sea la base para la implementación de políticas públicas articuladas y congruentes en los tres niveles de gobierno”.

La nueva Ley de Atención a Víctimas que se propone, constará de 164 artículos agrupados en once títulos, que reemplazará a la actual, que está vigente desde el 8 de mayo del 2017 porque “cuenta con inconsistencias y deficiencias que impiden una efectiva protección de los derechos de aquellos que son afectados por la delincuencia”.

JR

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