Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El problema de acceso a la justicia no está en los Poderes Judiciales sino en las fiscalías y las policías, reiteró la organización no gubernamental, “México Evalúa”, al advertir que la elección de jueces, magistrados y ministros, no resolverá los rezagos y la impunidad en el castigo a los delincuentes.
Hay más de 100 mil casos de desaparición forzada
Como ejemplo contundente de lo anterior, detalló que, de los más de 100 mil casos de desaparición forzada ocurridos en el país, en el periodo del 2005 a marzo del 2022, los poderes judiciales federal y estatales, solo han emitido 36 sentencias contra 26 personas.
“El problema para las familias víctimas es claro, los casos ni siquiera llegan a los jueces. Sus casos siguen entrampados en las Fiscalías, en investigaciones sin rumbo” acusó.
Lo más grave es que, la misma situación se replica para casi todos los delitos.
De acuerdo a la investigación Hallazgos 2023 de México Evalúa, de más de dos millones de procesos penales que ese año se abrieron en las fiscalías, menos de 100 mil, que representan el 3.6 por ciento, fueron vinculados a proceso.
Muchos casos no llegan ante el juez
“Es decir, sólo estos casos llegaron ante un juez. El resto sigue en las fiscalías. En materia penal, el problema de acceso a la justicia no está en los poderes judiciales. El problema lo encontramos, pasos atrás, en las instituciones encargadas de la investigación y construcción de los casos, o sea policías, fiscalías y autoridades que cuentan con información sobre la posible comisión de delitos”, indicó.
Por esa razón, dijo, si la intención tan anunciada de la reforma es mejorar el acceso a la justicia, el Gobierno debería empezar por las policías y fiscalías.
En ese sentido, estimó que hay buenos indicios de que la actual administración federal dará un giro a la estrategia de seguridad pública.
“Al parecer, en el actual gobierno hay una mayor claridad sobre este punto. Sólo tenemos que asegurarnos que las capacidades de investigación de las policías sean desde un enfoque civil y no militar. También, que las investigaciones, incluyendo el uso de inteligencia tienen que darse en un marco de respeto de derechos bajo la vigilancia y supervisión judicial”, mencionó.
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AL
