Alfredo Guevara
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
A partir de este año, debería emprender funciones una mesa de diálogo y coordinación entre competencias individuales de cada una de las dependencias, para dar seguimiento a las cuentas públicas que no han sido aprobadas, derivado de un presunto indebido ejercicio de recursos públicos.
La convocatoria vendría a partir de la Contraloría, que es quien instaura los procesos administrativos hacia dependencias como la Fiscalía General de Justicia en el Estado (FGJE), el Congreso local, el Tribunal de Justicia Administrativa, entre otras, propuso Tania Gisela Contreras López, titular de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Y es que más allá de una coordinación, corresponde a las competencias individuales de cada una de las dependencias darle seguimiento a cuentas públicas de ejercicios fiscales anteriores que no han sido aprobados, para de esa forma dar punto final a las acciones legales o administrativas que se tienen que seguir de acuerdo a la ley.
“La Auditoria Superior hace la parte que le toca, determina a través de un dictamen cuál es su valoración contable, el Congreso determina si lo aprueba o no en función del dictamen y luego se devuelve para que inicien los procedimientos de responsabilidad, que pueden ser ante la Contraloría del Estado o el Tribunal de Justicia Administrativa e incluso, la Fiscalía General de Justicia”, explicó.
Lo anterior, sin necesidad de involucrar a las autoridades que previamente estuvieron en ese procedimiento, en el avance de trámites que tienen que ver con las responsabilidades derivadas de un indebido ejercicio de recursos públicos, añadió.
Contreras López explicó que, en el caso de la Consejería Jurídica, las denuncias que en su momento presentó ante dependencias como la Fiscalía General de Justicia, son a partir de los hallazgos encontrados en el proceso de entrega recepción, que, si bien forman parte de una cuenta pública, “pero que no se han comunicado en función de este modelo”, estableció.
Lo anterior, luego de la elevada cantidad de cuentas públicas de ejercicios fiscales anteriores que todavía no se resuelven por las instancias involucradas.
JR
