Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
La ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa pone en grave riesgo “la tan necesaria y anhelada consolidación de la justicia penal adversarial y oral”, alertó la organización no gubernamental “México Evalúa”.
Lo anterior, luego de que el pasado 31 de diciembre del 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la última reforma constitucional del año, para establecer que también serán sujetos de prisión preventiva automática los delitos de extorsión, actividades relacionadas con precursores químicos de drogas sintéticas y fentanilo, y las vinculadas con comprobantes fiscales falsos.
“(La reforma) también obliga a las personas juzgadoras a imponer la prisión automática de manera ‘literal’, sin la posibilidad de realizar interpretación alguna que lleve a su inaplicación. Es decir, bastará sólo con el señalamiento del Ministerio Público para que una persona bajo investigación sea encarcelada hasta que concluya el proceso penal en su contra”, acusó.
La ONG advirtió que los efectos de la reforma al artículo 19 constitucional son regresivos.
“La mera existencia de este catálogo de delitos es una violación al derecho a la libertad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso, y se traduce en la imposición de detenciones arbitrarias. Es muestra, a su vez, de la fragilidad de los derechos humanos en México, ya que basta con reformar una norma para que desaparezcan”, indicó.
Y abundó: “La reforma también echa por tierra el avance gradual que fiscalías y tribunales estatales comenzaban a mostrar en beneficio de los derechos humanos al disminuir el uso de la prisión preventiva automática”.
LOS DATOS DUROS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
De acuerdo con el informe, “Hallazgos 2023. Seguimiento y Evaluación de la justicia penal en México”, realizado por México Evalúa, al cierre de 2023 cuatro de cada 10 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios (37.87%) estaban a la espera de una sentencia, es decir, bajo prisión preventiva.
Lo anterior se traduce en una cifra absoluta de 87 mil 812 personas, universo que seguramente aumentará a partir de la entrada en vigor de la reforma.
Sobre la imposición de la prisión preventiva, los datos recogidos en Hallazgos 2023 indican que al 49.32 por ciento de las personas imputadas de un delito se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.
Ello representa una disminución de 7.58 puntos respecto de 2022, y es indicativo de que los estados comienzan a hacer un mayor uso de medidas cautelares en libertad. En general, estas medidas han mostrado ser eficaces para el éxito de las investigaciones y del proceso penal.
De acuerdo con investigaciones de la ONG, la gran mayoría de las personas con medidas cautelares en libertad cumple con ellas, con un porcentaje del 83.17 por ciento, mientras que sólo un bajo porcentaje, el 6.90 por ciento, se sustrae de la justicia.
De hecho, para 2023 había entidades como Querétaro, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit y Aguascalientes que casi habían erradicado el uso de la prisión preventiva oficiosa.
JR
