Alfredo Guevara
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
En nueve demandas laborales que enfrenta, en su mayoría por despido injustificado al no reconocer la antigüedad y derechos del trabajador, el Revolucionario Institucional (PRI) tendría que pagar más de cien millones de pesos.
Y si bien el Partido recibe prerrogativas por concepto de financiamiento público a las que puede acceder para liquidar a los trabajadores en un momento dado, representaría un sacrificio enorme para el Revolucionario Institucional y por un largo plazo, admitió Teodoro Molina Reyes.
El Secretario Jurídico del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI admitió que si se tratara de un laudo normal o justo, que beneficie a las dos partes, el recurso le alcanzaría al Partido para llegar a un arreglo, de un problema que se generó por descuido o desinterés de quien estuvo al frente de este instituto político.
“A estas alturas, el tema laboral del partido camina con una defensa a la par de las demandas, a diferencia del historial de expedientes, con plena confianza de las autoridades, apegado a derecho y en condiciones diferentes”, indicó.
Las nueve demandas datan desde el 2017, y de esa cantidad, solo dos enfrentan una problemática o cierto grado de dificultad, mientras que en las demás (siete) hay la confianza de ganar los casos de acuerdo a la legislación laboral, expuso.
Y es que en algunos casos Molina Reyes aseguró que en algunos expedientes se detectaron anomalías por ser de años anteriores, mientras que en otros, dolo o mala fe por quienes prestaron sus servicios en el CDE del PRI.
Señaló que el PRI está en la mejor disposición de lograr un acuerdo con quienes interpusieron las demandas, siempre y cuando sea justo y equilibrado para las dos partes.
“El problema que se enfrenta es que ves algo basado en mentiras y con mala intención, y pues no puedes jugar con los recursos que no son tuyos, son del partido y hacen negociación que es para algo de mala fe y dolo, van a sacrificar otras cosas”, precisó.
Declaró que hay gente que confunde la actividad política y partidista con lo laboral, que por temas legales se les otorga una gratificación y se paga impuestos que la ley establece, “pero cuando termina su función hay otra actitud, aducen que fueron trabajadores y que, por ello, se les tiene que pagar, de ahí que se tenga que debatir ante la autoridad”, concluyó.
JR
