José Maximino Amaya vivió durante 20 años en Estados Unidos, pero de golpe perdió todo lo ganado tras ser detenido y deportado a El Salvador en el marco de la nueva política migratoria del gobierno de Donald Trump. Amaya, quien vivía en Nueva Jersey y trabajaba en obras de construcción, regresó a su país en un vuelo fletado por Washington el miércoles, junto a medio centenar de deportados.
«Estaba yendo a mi trabajo cuando me pararon» unos agentes de migración y «me dijeron que estaba arrestado», relata este hombre de 50 años, nacido en Delicias de Concepción, un pueblo agrícola situado a 174 km al este de San Salvador.
Había llegado a Estados Unidos en mayo de 2005, pero jamás regularizó su situación migratoria. Para evitar ser detectado —y deportado— simplemente se preocupaba de «portarse bien», sin infringir la ley. Fue detenido el pasado 25 de enero, cinco días después del regreso de Trump a la Casa Blanca, relata Amaya, quien volvió a su país sin ningún equipaje, vistiendo un pantalón gris y camiseta blanca.
Ese mismo día las autoridades estadunidenses arrestaron a su esposa, quien tampoco tenía regularizada su situación migratoria. Ahora ella enfrenta un proceso de deportación, por lo que debería llegar a El Salvador próximamente.
En Nueva Jersey quedaron su automóvil, sus cuentas bancarias y todos los muebles y electrodomésticos de la casa que la pareja alquilaba. En Estados Unidos también quedaron sus tres hijos nacidos en El Salvador, de 29, 26 y 22 años.
«Quedan ellos solos allá», pero afortunadamente tienen residencia legal y empleo, dice Amaya.
La consultora en derechos humanos Celia Medrano, excónsul de El Salvador en Washington, considera que «es lamentable el trato y la marginación» que están recibiendo ahora los migrantes en Estados Unidos.
«No se está respetando derechos fundamentales de las personas, se les está tratando como criminales solo por el hecho de ser migrantes», indica Medrano.
