Por Alfredo Guevara
Por lo menos 20 expedientes, turnados por la Contraloría del Estado por presunto desvío de recursos y faltas consideradas como graves, cometidas por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, analiza el Tribunal de Justicia Administrativa.
Servidores públicos con faltas graves
El magistrado presidente Edgar Uriza Alanís, confirmó que además de los enviados por la Contraloría, hay expedientes turnados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), de ayuntamientos, e incluso, uno que tiene que ver con el proceso de entrega recepción, entre la administración que concluyó su periodo y la que entró en funciones en octubre del 2022.
Los expedientes tiene en poder del Tribunal de Justicia Administrativa alrededor de tres a cuatro meses, en los que, si no hay pruebas por desahogar se resuelven de manera rápida, en un plazo no mayor a los seis meses, indicó.
“Sin embargo, dependiendo de la defensa de las personas, toda vez que hay recursos, incidentes, pruebas que desahogar que van abriendo el camino se lleva su tiempo, pero si no es así, se resuelven los expedientes más rápido”, abundó.
De hecho, admitió que en las últimas semanas se ha incrementado la llegada de expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, la mayoría en materia de responsabilidades de los servidores públicos, algunos de ellos por un presunto desvío de recursos, o bien, derivado del proceso de entrega recepción, en el que no entregaron un bien inmueble.
Recordó que el Tribunal resuelve los expedientes que son turnados por la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior o bien los ayuntamientos, cuando se trata de faltas administrativas graves, las que insistió “si no hay pruebas por desahogar, se resuelven rápido, en seis meses a lo máximo”.
Uriza Alanís reveló que una vez analizado cada expediente, en algunos casos se notifica a la persona involucrada y se da vista de las denuncias que existen en su contra, para que de esa forma solvente observaciones, se defienda y conteste de acuerdo a la ley.
Una vez integrado el expediente, dando la oportunidad de aportar pruebas y defenderse el presunto implicado, se resuelve conforme a la ley en el Tribunal o se da vista a otras instancias como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).
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