Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
El Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa para reformar el Código Penal del estado y garantizar que las mujeres que actúen en legítima defensa para proteger su vida no sean penalizadas, incluso si su respuesta se ve influida por el miedo o el terror provocado por la agresión.
La propuesta de la diputada de Morena, Magaly Guillermina Deandar, también protegería a quienes intervengan en su auxilio, reconociendo que en situaciones de violencia de género la reacción de la víctima puede no ser racional ni proporcional al ataque.
La iniciativa responde al incremento de la violencia contra las mujeres en el estado y a la falta de claridad en la legislación actual, que en muchos casos ha llevado a que víctimas sean procesadas penalmente tras defenderse de sus agresores.
De aprobarse, se considerará legítima defensa cuando una mujer repela una agresión física, sexual o feminicida, así como cuando una tercera persona intervenga para protegerla.
La propuesta se fundamenta en tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan a México a garantizar la protección efectiva de las mujeres frente a la violencia.
También se alinea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen la necesidad de juzgar con perspectiva de género y evitar la revictimización dentro del sistema de justicia.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es que eliminaría la consideración de “exceso en la legítima defensa” en casos donde la víctima haya actuado bajo un estado de miedo o terror.
Esto significa que si una mujer responde de manera desproporcionada para detener un ataque no se le castigará penalmente, por haber actuado bajo una emoción extrema provocada por la agresión.
En la exposición de motivos se argumenta que aunque el principio de legítima defensa está reconocido en el Código Penal Federal y en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas, no contempla de manera explícita las situaciones de violencia de género.
“Esta omisión puede generar interpretaciones que desfavorezcan a las víctimas o a quienes las auxilian. Es imperativo que el marco normativo incorpore disposiciones claras y contundentes que eviten vacíos legales y que garanticen que la defensa de una mujer en peligro sea reconocida inequívocamente como legítima defensa”, señala.
Y añade: “El mensaje es claro: Tamaulipas se compromete a generar mecanismos efectivos de defensa para las mujeres y a garantizar que ninguna persona que intervenga en su protección sea criminalizada por ello. Todas las personas tienen derecho a defender su vida y la de sus seres queridos. Esta reforma reconoce este derecho y lo extiende a las mujeres que se encuentran en situación de peligro”.
Si bien la iniciativa ha sido respaldada por colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos, también ha generado debate. Algunos sectores advierten que su aplicación podría abrir la puerta a interpretaciones que faciliten la impunidad. Por ello, se espera un análisis detallado en comisiones antes de su votación en el Pleno del Congreso.
JR
