Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.-
El Congreso de Tamaulipas aprobó una reforma al Código Penal estatal para permitir que mujeres jefas de familia en condiciones de marginación que hayan cometido un delito puedan cumplir su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, en lugar de prisión.
La iniciativa impulsada por el PT, PVEM y Morena, y que fue aprobada con dispensa de turno a comisiones, sin análisis en comisiones y sin la opinión del Poder Judicial y de la Fiscalía General de Justicia del Estado, busca evitar que el encarcelamiento de estas mujeres agrave su situación de vulnerabilidad y afecte a sus hijos, quienes en muchos casos quedan sin cuidado o incluso deben vivir en prisión con sus madres.
De esa manera, fue modificado el artículo 108 BIS del Código Penal para Tamaulipas, para establecer que cuando una mujer sea jefa de familia y haya delinquido en un contexto de pobreza extrema, el juez podrá sustituir la pena de cárcel por confinamiento en su domicilio, apoyándose en dictámenes de peritos para evaluar su situación.
El objetivo central de la reforma es mitigar los efectos negativos del encarcelamiento en mujeres que, más allá del delito cometido, son sostén único de sus hijos.
Actualmente, en los cinco centros de ejecución de sanciones de Tamaulipas hay recluidas 188 mujeres, de las cuales 61 están bajo proceso penal y 127 sentenciadas.
Diversos estudios han demostrado que el encarcelamiento de mujeres tiene un impacto desproporcionado en sus familias. A diferencia de los hombres en prisión, cuyas esposas o madres suelen hacerse cargo de sus hijos, cuando una mujer es encarcelada, los menores quedan en una situación de alta vulnerabilidad. En muchos casos son enviados a instituciones, separados de sus hermanos o incluso quedan sin hogar fijo.
Además, la mayoría de ellas no cuentan con recursos para pagar multas o cumplir con medidas alternativas al encarcelamiento, lo que las deja en una situación de mayor indefensión.
Si bien la reforma ha sido respaldada por organizaciones de derechos humanos y grupos feministas, algunos sectores han expresado preocupación sobre su aplicación. Argumentan que la medida podría ser utilizada de manera discrecional y que es necesario establecer criterios claros para determinar qué casos califican para el arresto domiciliario.
Sin embargo, los impulsores de la iniciativa defienden que se trata de una medida con enfoque de género y derechos humanos, alineada con tratados internacionales como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, aseguran que garantizará que las mujeres jefas de familia puedan cumplir su condena sin que ello signifique la separación de sus hijos o el deterioro de su situación socioeconómica.
JR
