Rogelio Rodríguez Mendoza / El Diario Mx
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La inexperiencia de profesionistas jurídicos en asuntos de violencia política contra las mujeres ha sido uno de los principales obstáculos para que las denuncias por estos casos prosperen en Tamaulipas.
Así lo expuso la bancada de Movimiento Ciudadano al presentar una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado, con la que busca garantizar que las víctimas tengan una representación legal adecuada y especializada.
La propuesta plantea que los abogados que participen en procedimientos relacionados con violencia política de género deban acreditar capacitación e instrucción académica en la materia.
Esto, con el fin de evitar que los casos se caigan por errores técnicos, omisiones legales o desconocimiento del procedimiento sancionador.
Además, se propone que el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) sea facultado expresamente para desarrollar y ejecutar programas de capacitación y orientación jurídica en temas de violencia política de género, dirigidos tanto al personal electoral como a profesionistas del derecho.
De acuerdo con datos incluidos en la exposición de motivos, durante el proceso electoral 2020-2021, en Tamaulipas solo una de cinco resoluciones derivadas de denuncias por violencia política fue reconocida como tal.
Según una investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, una de las principales causas de este bajo índice de éxito fue la deficiente preparación de quienes representaban legalmente a las víctimas.
La bancada naranja también destacó que, aunque en años recientes se han implementado reformas relevantes a nivel federal y estatal para atender este tipo de violencia, aún hay vacíos importantes en cuanto a la garantía del derecho a una defensa efectiva.
La reforma incluye modificaciones al artículo 101 y una adición al artículo 299 de la Ley Electoral del Estado.
También establece que el Ietam podrá celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para asegurar la calidad de las capacitaciones, y deberá emitir lineamientos específicos para acreditar la preparación de los representantes legales.
Entre los beneficios de esta reforma se encuentran la profesionalización de la defensa jurídica en casos de violencia política, mayor certeza para las víctimas, fortalecimiento de los procedimientos sancionadores y, sobre todo, una reducción significativa en los niveles de impunidad.
