Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un presunto quebranto superior a los mil millones de pesos cometido por exfuncionarios de la pasada administración estatal panista, fue denunciado por la Contraloría Gubernamental a través de cinco denuncias formuladas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Así lo reveló la titular de la dependencia, Angélica Pedraza Melo, ante la Comisión de Administración del Congreso del Estado, al comparecer para la glosa del tercer informe del gobernador, Américo Villarreal Anaya.
Detalló que, además de las denuncias ante la FGR, fueron presentadas otras 12 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por daños al erario por 157 millones de pesos.
Las denuncias están dirigidas contra exservidores públicos de dependencias como Obras Públicas, Bienestar Social, Salud, la Secretaría General de Gobierno y el Instituto del Deporte de Tamaulipas.
Como parte del esfuerzo contra la corrupción, informó que la Contraloría Gubernamental ha iniciado 3,014 expedientes de presunta responsabilidad administrativa contra igual número de funcionarios.
Estas acciones derivan de auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la fiscalía anticorrupción, la Contraloría estatal, y de revisiones de comisarios y contralores internos, además de denuncias ciudadanas.
Del total de expedientes, 1,019 provienen de la administración pasada.
Se trata de procedimientos iniciados como resultado de denuncias derivadas de irregularidades tanto en el proceso de entrega-recepción como por parte de la ciudadanía.
Acusa al Tribunal
En un giro severo, la funcionaria acusó al Tribunal de Justicia Administrativa de no actuar con apego al debido proceso y planteó a los diputados la necesidad de citar a comparecer al titular para que explique el hecho.
Detalló que la Contraloría ha turnado 24 expedientes por faltas graves al Tribunal, pero en su análisis el Tribunal de Justicia Administrativa muestra omisiones preocupantes.
“Hago un llamado a su titular para que comparezca ante el Congreso y explique su proceder. Este órgano tiene una responsabilidad legal que no puede eludir”, exigió.
Como ejemplo, citó el caso del Instituto del Deporte, donde se detectaron irregularidades por ocho millones de pesos y aunque se trata de una falta grave, el Tribunal determinó que no había elementos para proceder.
“Es un mensaje equivocado a la ciudadanía. Son temas que caen en la competencia directa del Tribunal, y debe responder por su actuación”, apuntó.
Finalmente, Pedraza Melo informó que 80 funcionarios han sido sancionados administrativamente, de los cuales 54 fueron inhabilitados.
En su comparecencia destacó el hecho de que el porcentaje de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial se elevó del 37 al 80 por ciento.
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