Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas figura entre las ocho entidades del país con alto riesgo de violencia político-criminal rumbo a las elecciones judiciales de 2025, según advirtió la organización México Evalúa en un estudio reciente.
El reporte identifica a Baja California como el único estado en riesgo muy alto. En el nivel alto, junto con Tamaulipas, se encuentran Chihuahua, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima.
La preocupación radica en que por primera vez en la historia del país se elegirán cargos en el Poder Judicial federal y en 19 estados, en un contexto donde el crimen organizado ha incrementado su influencia en procesos electorales locales.
México Evalúa advierte que las condiciones actuales replican los factores que hicieron de las elecciones de 2024 las más violentas de la historia reciente, con más de 550 víctimas registradas.
La organización alerta que el crimen organizado podría buscar ahora capturar al Poder Judicial, considerado como el último dique de contención contra la impunidad.
El estudio propone un modelo de seguridad “hiperfocalizado”, que priorice la protección de candidaturas vulnerables, especialmente en regiones con disputas criminales y explotación violenta de mercados ilícitos.
Tamaulipas cumple con los cuatro factores de riesgo señalados por la organización: disputas territoriales, presencia de múltiples mercados ilícitos, alta vulnerabilidad institucional y alto número de cargos judiciales en disputa.
Entre los perfiles más vulnerables se encuentran jueces penales estatales, ya que sus decisiones afectan directamente a las estructuras del crimen organizado.
México Evalúa exhorta a que la protección de candidatos esté a cargo de corporaciones con bajo nivel de infiltración criminal, como la Guardia Nacional, y que las autoridades electorales y de seguridad actúen de forma preventiva.
Además, el informe subraya que los riesgos no terminan con la jornada electoral, ya que las agresiones suelen continuar una vez que los candidatos electos asumen funciones. Por ello, se requiere un esquema de protección sostenido y seguimiento judicial efectivo.
Finalmente, el documento advierte que la legitimidad del proceso judicial podría verse comprometida si no se actúa con urgencia. “El tiempo apremia”, señala México Evalúa, ya que las campañas inician este 30 de marzo y el riesgo no es hipotético, sino una amenaza tangible que ya ha dejado huellas trágicas en procesos recientes.
JR
