Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El sistema de pensiones del Gobierno de Tamaulipas enfrenta un escenario crítico. A partir del año 2028, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado, (Ipsset), dejará de tener recursos para cubrir las pensiones de los trabajadores estatales.
Así lo advirtió la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, al comparecer ante la Comisión de Administración del Congreso local, durante la glosa del Tercer Informe de Gobierno.
Ante este panorama, la Secretaría de Administración trabaja ya en un proyecto de reforma a la Ley del Ipsset, con el respaldo de un despacho actuarial. El objetivo es fortalecer los ingresos del instituto sin recurrir, al menos por ahora, a un aumento en las aportaciones de los trabajadores.
La advertencia está sobre la mesa: si no se implementan medidas correctivas de fondo, el sistema de pensiones estatal colapsará. Y con él, una carga financiera millonaria recaerá directamente sobre el Gobierno del Estado, porque la ley del Ipsset establece que el obligado en una situación de quiebra del instituto es el “patrón”.
Cada mes, el Ipsset desembolsa 150 millones de pesos para pago de pensiones y otras prestaciones a los trabajadores, con el añadido de que el desembolso lo hace durante 15 veces en el año porque también paga tres meses de aguinaldo.
La funcionaria explicó que, al inicio de la actual administración, las pensiones estaban garantizadas solo hasta octubre de 2024, pero gracias a una reserva líquida superior a 600 millones de pesos, el plazo se extendió hasta 2028.
Sin embargo, ese margen es solo un respiro temporal: si no se corrigen de inmediato los factores estructurales que debilitan al Ipsset, el sistema colapsará.
Uno de los principales factores que presionan al fondo es el aumento en la esperanza de vida de las personas. En 1930, era de 60 años; hoy es de 74. Eso significa que el Estado debe pagar pensiones por más tiempo. A ello se suma el crecimiento de pensionados longevos : actualmente, más de 2,200 beneficiarios superan los 76 años, y algunos incluso han rebasado los 100 años de edad.
Otro factor es el impacto del aumento en el salario mínimo , que ha elevado tanto la pensión mínima como el tope máximo permitido, fijado en diez salarios mínimos. En 2018, ese tope era de 26 mil pesos; hoy alcanza los 86 mil. La pensión mínima también subió, de tres mil a ocho mil pesos, lo que ha encarecido significativamente la nómina del Ipsset.
Durante tres décadas, la ley de pensiones no fue modificada , lo que permitió aportaciones bajas y condiciones de retiro muy flexibles. Hasta 2015, por ejemplo, no existía una edad mínima para jubilarse , por lo que había trabajadores que se retiraban con apenas 40 años, si acumulaban los años de servicio requeridos.
Además, la relación entre trabajadores activos y pensionados se ha deteriorado. En el año 2000, por cada jubilado había 10 trabajadores aportando; hoy solo hay cinco.
A esto se suma que, hasta 2015, las pensiones se calculaban con base en el último salario percibido , aunque este solo hubiera sido recibido por unos meses. Actualmente, la ley obliga a promediar el salario de los últimos cinco años.
Otro punto crítico es que se pagan prestaciones no sujetas a aportaciones , como tres meses de aguinaldo, despensas y becas.
“Pagamos pensiones durante 15 meses, pero solo recibimos aportaciones por 12”, explicó Manautou.
Finalmente, reconoció que entre 2010 y 2016, la Secretaría de Finanzas dejó de pagar cuotas al Ipsset, por un monto estimado en 2,500 millones de pesos. Aunque no fue el factor determinante del deterioro del instituto, sí profundizó su fragilidad financiera.
Esa deuda con el Ipsset ya se esta pagando, a un monto de 96 millones de pesos cada año.
