Rogelio Rodríguez Mendoza.
Ante la violencia y abandono institucional que enfrentan las madres buscadoras, en Tamaulipas, el Partido Revolucionario Institución (PRI), propuso una reforma de ley para reconocerlas como víctimas.
La iniciativa busca garantizarles acceso a protección, atención psicológica y respaldo legal.
La propuesta incluye también a los colectivos de búsqueda como sujetos de derechos.
El objetivo es saldar una deuda histórica con quienes arriesgan su vida buscando a los desaparecidos.
La diputada, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presentó la propuesta de reforma a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas. Plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 4 para establecer expresamente que los familiares de personas desaparecidas y los integrantes de colectivos de búsqueda sean considerados víctimas directas, con pleno derecho a las medidas que contempla el marco legal.
La legisladora subrayó que esta modificación es urgente, dada la creciente violencia que enfrentan quienes, en medio del dolor, realizan por su cuenta labores de localización y acompañamiento.
“Casos como el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, en Jalisco, ilustran los riesgos a los que se exponen diariamente las familias buscadoras en todo el país” advirtió.
Tamaulipas es una de las entidades más golpeadas por la desaparición de personas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el estado acumula más de 13 mil casos, con municipios como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Ciudad Victoria entre los más afectados. Sin embargo, los colectivos denuncian constantemente la indiferencia institucional y la falta de recursos para su labor.
De aprobarse la reforma, quienes participen en tareas de búsqueda tendrían derecho a medidas de protección, asistencia médica y psicológica, apoyo jurídico y mecanismos de reparación. La iniciativa también busca dar reconocimiento legal a los colectivos, cuyo trabajo ha sido clave en el hallazgo de fosas y la localización de personas vivas o sin vida.
El proyecto fue turnado a comisiones para su estudio y eventual dictaminación.
Guillén Vicente consideró que esta acción legislativa representa un paso mínimo pero necesario para dignificar el papel de las familias buscadoras, quienes han asumido tareas que corresponderían al Estado, en un contexto de impunidad y colapso institucional.
JR
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