Rogelio Rodríguez Mendoza
Una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado busca garantizar, por ley, que ninguna persona sea discriminada al solicitar servicios médicos por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.
La propuesta adiciona un artículo 92 Bis a la Ley de Salud de Tamaulipas, que establece la prohibición expresa de negar, restringir o condicionar la atención médica con base en la diversidad sexual. La violación de esta disposición implicaría sanciones conforme al marco vigente en materia de salud y derechos humanos.
El proyecto también obliga a la Secretaría de Salud a capacitar y sensibilizar al personal médico y administrativo para asegurar una atención inclusiva, digna y libre de prejuicios hacia todas las personas, sin distinción alguna.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2022), el 36.2 por ciento de las personas LGBTTIQ+ han sufrido algún tipo de discriminación en el sector salud, lo que limita su acceso a servicios preventivos y tratamientos oportunos.
La iniciativa señala que persisten barreras estructurales como el desconocimiento médico sobre procesos de afirmación de género, la estigmatización hacia personas con VIH y la falta de atención especializada para integrantes de la comunidad diversa.
El texto legislativo responde a compromisos internacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y a lineamientos de la OMS, que exigen garantizar el acceso universal a la salud sin exclusiones ni prejuicios.
También se advierte que las personas LGBTTIQ+ presentan tasas más altas de ansiedad, depresión y riesgo suicida, derivadas de la discriminación sistemática, lo cual subraya la necesidad urgente de protocolos médicos sensibles y adaptados a sus realidades.
Entre los aspectos críticos que identifica la propuesta están la falta de atención a personas trans en sus procesos de afirmación de género, la escasez de servicios especializados en salud sexual y reproductiva, y el trato discriminatorio en clínicas y hospitales.
El nuevo artículo obliga a brindar servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento con enfoque de derechos humanos, igualdad y no discriminación, y prevé sanciones para instituciones que incumplan estas disposiciones.
JR
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