Rogelio Rodríguez Mendoza
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para evitar que los magistrados del Tribunal Electoral y los consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) se marchen con jugosas liquidaciones al concluir sus cargos, el Congreso del Estado analizará una iniciativa de reforma constitucional que busca suprimir dichos privilegios del texto legal estatal.
La propuesta elimina los párrafos noveno de la Base III y décimo primero de la Base VI del artículo 20 de la Constitución local, que permiten el pago de compensaciones extraordinarias a quienes terminan su encargo como integrantes de dichos órganos autónomos.
En caso de que un consejero electoral concluyera su encargo durante el presente año, recibiría una compensación por cinco millones 254 mil pesos, libres de impuestos, porque es el Ietam el responsable de pagar el ISR; en tanto que un magistrado electoral estaría recibiendo dos millones 656 mil pesos.
Con la reforma, tanto consejeros como magistrados recibirían a su retiro solo las prestaciones previstas en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de Tamaulipas.
El legislador del PT, Eliphaleth Gómez Lozano, promotor de la iniciativa, sostuvo que los tiempos de retiros dorados deben terminar, y que ninguna persona servidora pública debe recibir más de lo que corresponde por ley. Dijo que el objetivo es que el servicio público se rija por los principios de eficiencia, honradez y transparencia.
Recordó que la Constitución federal, en su artículo 134, exige que los recursos públicos se administren con eficacia y bajo criterios de austeridad. Por ello, señaló que no puede seguirse tolerando el dispendio en órganos que deben ser ejemplo de legalidad.
Como antecedente, citó la reciente reforma al artículo 94 de la Constitución General, que eliminó el haber de retiro de los ministros de la Suprema Corte, así como el artículo 100, que prohíbe la existencia de fideicomisos para gratificaciones adicionales en el Poder Judicial.
El petista también recordó que la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe expresamente el uso de partidas presupuestales con fines distintos a los aprobados, y establece que nadie puede recibir percepciones fuera del marco de sus responsabilidades legales.
En ese mismo espíritu, la iniciativa local pretende impedir que se siga utilizando la Constitución para justificar privilegios económicos a costa del erario. “La austeridad debe alcanzar a todos, incluidos los órganos autónomos”, subrayó el diputado petista.
La medida no busca eliminar derechos laborales, sino impedir beneficios excesivos que, según Gómez Lozano, se han convertido en prácticas institucionalizadas que profundizan la desigualdad y afectan la credibilidad de las instituciones electorales y judiciales.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis. De aprobarse, marcaría un precedente en la política de austeridad en Tamaulipas, alineando al estado con las reformas federales que han cortado los privilegios de élite en la administración pública.
JR
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