Alfredo Guevara / El Diario Mx
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La iniciativa de reforma al Artículo 20 de la Constitución Política del Estado, con la que se pretende limitar las liquidaciones otorgadas a consejeros del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), no se trata de un haber de retiro por los años de servicio.
Se trata en todo caso de prestaciones consideradas en razón a la prohibición constitucional que tienen las consejeras y consejeros en los dos años siguientes a la conclusión del encargo, estableció Juan José Ramos Charre, presidente del Instituto.
Recordó que de acuerdo a la Constitución, consejeras y consejeros del Instituto no pueden ocupar cargos en gobiernos estatales, municipales o bien, en el Poder Legislativo y últimamente en el Poder Judicial del Estado (PJE), en el que hayan participado en la elección correspondiente y por lo mismo, perciben un ingreso económico durante los dos años, al término de su labor electoral.
“No es pago como tal que corresponda a los años prestados de servicio, es fundamental señalar que, jurisdiccionalmente se ha sostenido en la legalidad y constitucionalidad que los pagos, a partir de la prohibición constitucional, con posterioridad a la terminación del encargo, de eso nada se dice”, precisó.
La iniciativa, actualmente en la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación, no se conoce por consejeros y consejeras del Instituto Electoral de Tamaulipas, quienes en su momento se reunirán y analizarán para fijar alguna postura.
“Tengo claro que no es el momento, estamos centrados en el proceso, esa es nuestra prioridad, sacar adelante de la manera más responsable y eficaz la contienda electoral extraordinaria en marcha, y no nos podemos distraer con una situación distinta”, apuntó Ramos Charre.
De hecho, consideró que los cálculos de lo que reciben los consejeros, dos años después de que terminan su encargo, de poco más de cinco millones de pesos, estableció que “no llega ni a la mitad”, sostuvo.
Lo que sí dejó en claro es que no es un tema nuevo, en el que jurisdiccionalmente tiene precedente, del que dos consejeros presidentes demandaron al Instituto y los tribunales les dieron la indemnización en el pago, que reiteró, “no de un haber de retiro”.
