Shalma Castillo
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) encabeza la lista de dependencias federales y servidores públicos con más quejas por derechos humanos violentados en Tamaulipas.
El Informe 2024 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) señaló que de 768 expedientes que corresponden a 224 quejas por actos presuntamente violatorios de derechos humanos imputados de administraciones públicas federales, 99 de ellas son contra el IMSS.
Dichas quejas, al no ser competencia de la Comisión estatal, fueron remitidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el objetivo de que se diera la atención correspondientes, ya que eran quejas contra autoridades federales.
Las principales presuntas vulneraciones de derechos humanos señaladas en los expedientes de queja contra las autoridades del IMSS son las siguientes: violación a los derechos de las personas de la tercera edad, negligencia médica, negativa de atención médica e inadecuada prestación del sector salud.
Los municipios que registran el mayor número de quejas en el estado principalmente son: Ciudad Victoria con el 50 por ciento, el resto está entre Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, El Mante, Tampico, Madero, Altamira, entre otros.
Cabe señalar que el 30 de abril de 2025 Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, emitió el oficio 57/2025 dirigido a Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS. Ahí le informó sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud, a la vida y al trato digno en agravio de una persona adulta mayor en el Instituto de Ciudad Victoria, Tamaulipas.
En el oficio también registra la violación al acceso a la información en materia de salud en agravio a la persona quejosa como víctima indirecta, atribuible al personal y al médico del hospital mencionado.
En ese sentido, la CNDH estableció que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
JR
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