Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Todo es cuestión de votos. Necesitamos 24, respondió el presidente de la Diputación Permanente, Humberto Prieto Herrera, cuando los periodistas le preguntaron sobre la posibilidad de remover o destituir al Fiscal General de Justicia, Irving Barrios Mojica.
Y si, efectivamente, mientras Morena no consiga esos 24 votos, que representan las dos terceras partes de los integrantes del Pleno Legislativo, no podrá remover ni al michoacano Barrios, ni al fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, ni al Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, ni algún magistrado del Poder Judicial, entre otros servidores públicos cuya remoción debe ser avalada por el Congreso del Estado.
Por supuesto, tampoco podrá reformar la Constitución local para abrir los candados que en algunos textos de su articulado colocó la anterior legislatura de mayoría panista, como esa de incluir el voto de los municipios como parte del proceso reformador de la misma Carta Magna.
De hecho, la bancada guinda tiene dos vías para lograr sacudirse toda esa herencia del panista, Francisco García Cabeza de Vaca. Siempre lo ha sabido: una, es precisamente lograr el apoyo de 24 de los diputados que integran la legislatura; y otra, la vía del litigio.
Esta última es la ruta larga e incierta porque un pleito jurídico de esa naturaleza se lleva meses y hasta años en resolverse y el gobierno morenista tiene prisa. En consecuencia, queda claro que la alternativa idónea para Morena es conseguir los 24 votos que necesita.
El problema es que, el partido en el poder carece de operadores políticos. Ahí se ha escrito el fracaso en las intentonas por romper los blindajes que el PAN le colocó a la constitución, e indirectamente a una docena de funcionarios que dejó sembradas en áreas estratégicas del gobierno.
Durante décadas, los gobiernos han recurrido a la operación política para resolver sus apuros con prontitud. Eso es algo que no parece haber entendido el morenismo. Es tiempo que lo entienda. Le urge personajes que sean capaces de convencer, con argumentos sólidos, a legisladores de oposición de que entreguen su voto.
Por cierto, nos dicen que son dos votos los que requiere la bancada Morena para conseguir la cuota de los 24. Tiene asegurados 22.
Estamos cerca, nos confió esta semana uno de los legisladores guindas. La señal de que lo consiguieron será cuando en una sesión extraordinaria u ordinaria, se incluya en la agenda alguna de las polémicas reformas a la constitución.
Ahora que, ojalá y cuando Morena logre abrir los blindajes cabecistas sea para bien. Sería lamentable que, una vez con el control mayoritario del Pleno Legislativo recurriera a las mismas prácticas de la anterior administración, cuando las instituciones se usaron como instrumentos de persecución política o bien para colocar en la nomina a los amigos y compadres.
También sería lamentable que el Congreso del Estado retomara esa sumisión hacia el Poder Ejecutivo, como ha sucedido desde siempre en la entidad, en que esa teoría de la división de poderes solo existe en la letra.
Veremos y diremos.
EL RESTO.
AHORA MENOS SE IRA.- Por cierto, la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avalando la reforma constitucional, impulsada por la anterior legislatura panista, para blindar al fiscal general de justicia, Irving Barrios Mojica, le viene a complicar las cosas al gobierno de Américo Villarreal Anaya, quien no ha podido sacudirse a uno de los personajes más afines al exmandatario, Francisco García Cabeza de Vaca.
Los ministros del máximo tribunal constitucional confirmaron que para remover al fiscal de justicia y a todos los fiscales especializados se necesitará del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, los cuales no ha logrado reunir Morena.
Además, la Corte determinó que el fiscal tiene derecho a ser reelecto.
Lo peor de todo para la actual administración estatal, es que la resolución de la SCJN viene a fortalecer también el poder e influencia que sigue teniendo en Tamaulipas, Cabeza de Vaca.
ASI ANDAN LAS COSAS.
