Desde el uno de enero de 2023, a través del Decreto que permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera en estados como Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nuevo León, Puebla, Sonora, Tamaulipas, entre otros, miles de ciudadanos han acudido para poner en regla sus automóviles mediante un pago único de dos mil 500 pesos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que, a partir del 19 de marzo de 2022 y hasta el 24 de junio de 2024, más de 2.4 millones de vehículos han sido regularizados bajo este programa, generando una recaudación histórica de seis mil, 017 millones, 92 mil, 500 pesos, recursos que, según el Decreto, se destinarían a pavimentar y reparar las calles en las entidades participantes.
Sin embargo, el deterioro vial sigue siendo evidente en varias partes del país.
Las calles continúan plagadas de baches, grietas y socavones que no solo afectan la calidad de vida de los residentes, sino que también representan un riesgo para los conductores.
A pesar de lo que se ha recaudado, los ciudadanos enfrentan vialidades que presentan grandes baches y fracturas en el asfalto, situaciones que han sido denunciadas repetidamente por automovilistas debido a que estas condiciones deplorables dañan las suspensiones y llantas de sus vehículos sin que nadie se responsabilice por los desperfectos.
Las autoridades han intentado frenar el descontento ciudadano señalando que se han pavimentado más de 5.2 millones de metros cuadrados de calles y avenidas, pero para quienes transitan diariamente estas vías, el impacto es mínimo.
Las calles y avenidas que se encuentra en pésimo estado, no solo afectan a los automovilistas también repercuten en el transporte público y de carga, que ve afectada su operación y costos debido a daños frecuentes en sus unidades.
Con las lluvias, la situación se agrava aún más, y los materiales de baja calidad utilizados en las reparaciones solo empeoran la infraestructura, haciendo que los baches se conviertan en verdaderos socavones en algunos puntos críticos, por lo que los ciudadanos exigen calles y vialidades funcionales que otorguen calidad y seguridad vial.
VIOLENCIA EXTREMA
La violencia en México ha alcanzado niveles alarmantes, y Guanajuato es uno de los Estados más afectados.
El 24 de octubre, dos coches bomba explotaron en puntos estratégicos de Guanajuato, uno de ellos frente a la sede de seguridad pública de Acámbaro y el otro en el centro de Jerécuaro, hechos que han estremecido a la sociedad y elevado las alertas.
En Acámbaro, la explosión provocó graves daños a las viviendas cercanas y a vehículos estacionados en la zona, dejando a tres policías heridos con quemaduras de consideración y daños estructurales al edificio de seguridad.
En Jerécuaro, una patrulla de seguridad pública fue envuelta en llamas y varios negocios en las inmediaciones resultaron afectados por el impacto, afectando a familias que dependen de estos comercios.
Este tipo de violencia recuerda los episodios vividos en regiones como Irak o Afganistán, y genera una profunda preocupación no solo por la seguridad de los habitantes, sino también por la percepción de México en el extranjero.
Tan solo en lo que va de 2024 van más de 20 mil homicidios, lo que representa un promedio de más de 80 homicidios diarios, una cifra comparable a la de conflictos armados en el Medio Oriente, y que continúa en aumento a pesar de los esfuerzos de las autoridades por contener la situación.
La reciente actualización de la alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que advierte a sus ciudadanos sobre el riesgo de visitar 30 de los 32 estados de México, es una muestra de la gravedad de esta situación.
En el mismo sentido, el gobierno estadounidense ha impuesto restricciones de movilidad a su personal en México.
En esta alerta se sugiere no viajar de noche, utilizar transporte regulado y evitar ciertas zonas peligrosas, dejando a Campeche y Yucatán como las únicas entidades consideradas seguras.
Ante el aumento de la violencia, las autoridades han desplegado a la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina para reforzar las operaciones de seguridad en zonas de alto riesgo, especialmente en estados como Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Sonora, donde se ha documentado el uso de drones y otros dispositivos de alta tecnología por parte de la delincuencia.
Sin embargo, para muchos ciudadanos, estos esfuerzos aún no son suficientes para que llegue la paz y la seguridad al país, pues la violencia no solo persiste, sino que incrementa en intensidad y frecuencia, afectando la vida diaria y el bienestar de miles de mexicanos.
En un contexto en el que la confianza en las instituciones está en crisis, el llamado de la ciudadanía es claro: exigir resultados efectivos que protejan su seguridad y haya paz en el país.
Así las cosas…
Y Usted, ¿qué opina?
Nos vemos a la próxima.
