Alfredo Guevara.-
Ojalá y lo expresado por el titular de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, no haya sido solamente un juego de palabras.
El compromiso de que caerán “peces gordos” es elevado y por lo tanto, o lo cumple o tendrá que tragarse sus palabras.
Y si ya dispuso de poco más de seis meses para realizar sus investigaciones, habría que concederle todavía la semana que viene de plazo, para que realmente inicie la judicializacion de las carpetas.
Según el Fiscal, las 47 denuncias de enero a la fecha involucran a unos 120 ex servidores públicos de la anterior administración estatal.
Ojalá y verdaderamente se sepa que cierto ex secretario, o quienes fueron subsecretarios, directores generales y directores caigan, porque con ello, el Fiscal justifique el porqué debe permanecer en ese cargo.
De paso, habría que ver si finalmente va contra el ex gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al que de cierta forma, le debe el cargo que ostenta, o si realmente lo dijo de dientes para afuera.
Decir que el ex gobernador no está tan confiado y sabe que por ahí hay algo legal que pudiera hacerse efectivo y por lo tanto, prefiere seguir en alguna parte de los Estados Unidos que venir a alguna parte de la República Mexicana.
De esa forma ha prendido a los que por una u otra razón sienten que todavía le deben algo a quien encabezó el gobierno de los “vientos del cambio”.
Lo cierto es que desde el gobierno van a estar muy al pendiente de lo que el Fiscal tiene al Poder Judicial, porque desafortunadamente las estadísticas que maneja la Fiscalía no son nada alentadoras para la administración estatal, porque de acuerdo a las carpetas integradas y las que llegaron a una sentencia condenatoria, el número es bajo.
RAMÍREZ CASTAÑEDA debe saber que dependiendo del resultado de su trabajo, el gobierno debe sentir y enviar un mensaje a la sociedad, de que por cada denuncia, sea un ejemplo de combate a la corrupción como a la impunidad.
No actuar bajo ese contexto, sería un fracaso y hasta ni se justificaría la existencia de la Fiscalía, al no combatir la corrupción y la impunidad, cuando hay recursos públicos de por medio.
Por cierto, RAMÍREZ CASTAÑEDA se vio sobrado y hasta retador, cuando además de asegurar que no renunciaría al cargo, afirmó también que ni con las dos terceras partes de la integración de diputados en el Congreso local lo destituyen.
La última palabra la tiene ÚRSULA PATRICIA SALAZAR y el resto de los legisladores. En fin.
