En México, la adopción debería ser un acto de amor y compromiso incondicional. Sin embargo, los casos recientes en Tamaulipas y otros estados del país exponen una realidad mucho más cruda: procesos irregulares, devoluciones de menores como si fueran mercancías defectuosas, y un sistema legal que aún permite la revocación de adopciones. Esta situación refleja no solo fallas institucionales, sino también una profunda crisis ética y social.
En Tamaulipas, se identificaron 37 casos de adopciones irregulares durante la administración estatal anterior. Aunque las autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) aseguran que los niños están bien con sus nuevas familias, la omisión de requisitos legales, como las notificaciones de pérdida de patria potestad, no es un detalle menor. Cada procedimiento incompleto pone en riesgo la estabilidad jurídica de los niños y los expone a futuros maltratos.
Peor aún es la práctica permitida en estados como Campeche, Jalisco, Sonora, Guerrero y Guanajuato, donde la adopción simple puede ser revocada por causas tan arbitrarias como la «ingratitud» del menor. Equiparar como «mal comportamiento» las complejas secuelas emocionales que un niño adoptado viene arrastrando y que esto sea motivo suficiente para anular un vínculo legal, es aberrante. ¿Desde cuándo el amor a un hijo depende de su docilidad o de su «buen comportamiento»?
Es lamentable que en un gobierno autoproclamado como humanista la devolución de niños sea vista como una opción. No hablamos de devolver un objeto defectuoso comprado por internet; hablamos de seres humanos que ya cargan historias de abandono, negligencia o abuso. La revocación no solo perpetúa el daño, sino que refuerza el mensaje brutal de que su valor depende de cumplir las expectativas adultas.
Es urgente que la adopción simple desaparezca de las leyes mexicanas. La Procuraduría Federal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF ya ha promovido amparos contra los congresos estatales que no han homologado sus leyes conforme a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, la solución va más allá de un marco jurídico: implica un cambio cultural
donde se entienda que adoptar no es «rescatar» a un niño para moldearlo a conveniencia, sino aceptarlo, con todas las implicaciones de su pasado y su individualidad.
El hecho de que existan a nivel nacional alrededor de 32 mil niños en centros de asistencia social y que solo alrededor del diez por ciento esté disponible para adopción refleja otra verdad incómoda: el sistema de protección infantil necesita ser fortalecido, no solo para buscar familias adoptivas, sino para garantizar el bienestar real de cada menor, incluyendo el acogimiento familiar temporal como primera opción.
Adoptar debe ser un acto irrevocable de amor y responsabilidad. Tolerar que un niño pueda ser «devuelto» solo perpetúa el dolor que la sociedad promete reparar. Mientras sigamos permitiendo que las leyes y la cultura traten a los niños como bienes prescindibles, continuaremos fallándoles a quienes más nos necesitan.
