Claudia Vázquez Andrade
Se acerca Navidad y todo hace indicar que Santa Claus no les traerá ni carbón a los exfuncionarios cabecistas que tienen cuentas pendientes por comprobar con la Auditoría Superior del Estado, y qué si se descuidan, lo que les va a traer será una orden de aprehensión o de vinculación a proceso penal.
Y es que cada vez se ve más cerca la posibilidad de que muchos de los exfuncionarios del gobierno panista de Tamaulipas sean alcanzados por la justicia, porque por un lado está la advertencia que hizo el Fiscal Anticorrupción, Jesús Eduardo Govea Orozco, de que expedirán un paquete de órdenes de aprehensión contra excolaboradores de la administración estatal pasada.
Y ahora, el director jurídico de la ASE, Oscar Lara Sosa, revela que esa dependencia presentó 70 denuncias que involucran a exservidores públicos, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Dejando claro que las irregularidades encontradas corresponden a presidencias municipales, organismos públicos descentralizados y dependencias del Gobierno estatal, de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, que se guardaron para evitar la prescripción que establece la ley.
En pocas palabras, porque esa es la lectura, que hubo protección de la Auditoría Superior del Estado a los titulares de las alcaldías y dependencias que son señaladas de enfrentar responsabilidades por presuntas irregularidades que ameritan investigación penal.
Y a esto habrá que agregarle, que la misma dependencia detectó presuntas anomalías en alrededor de 130 cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, no dictaminadas por el Congreso local, las cuales estaban con carácter suspensivo por la anterior legislatura.
De tal suerte, que, sin lugar a dudas habrá más denuncias. Esperemos ver que tan largo será el brazo de la justicia, si llegará solamente hasta la ribera del río, o logrará cruzarlo.
