Luego del reciente asesinato (en hechos distintos) de cuatro precandidatos a cargos de elección popular en entidades como Morelos, Colima y Michoacán, se han vuelto a encender, en todo el país, los focos rojos por la amenaza que representa el crimen organizado para el desarrollo de la elección que se celebrará el dos de junio próximo.
El asunto es de particular interés, y de mucha preocupación, para entidades como la nuestra, por la alta presencia de los grupos delincuenciales, pero sobre todo por la cada vez mayor influencia que estos han tenido en las elecciones, como factor fáctico que decide triunfos y derrotas.
Frente a ello, es oportuno el momento para preguntarnos: ¿qué están haciendo los gobiernos, y particularmente el árbitro electoral, para impedir que el narco vuelva a meter mano en la elección que viene?
Lamentablemente, no existen indicios o señales de que haya en marcha un operativo o estrategia que busque “blindar”, desde ahora, el proceso electoral, de esa amenaza que representan los grupos criminales. Lo único notable al respecto han sido los discursos, reciclados, de funcionarios públicos, afirmando o asegurando que, “está garantizada la seguridad de la elección”.
Luego de la elección local del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instruyó al Instituto Nacional Electoral, (INE), para que diseñara e implementara un protocolo de seguridad que impida o reduzca la incidencia de la delincuencia en los comicios.
Sin embargo, es fecha de que el árbitro electoral sigue sin cumplir con ese mandato.
El asunto es grave, gravísimo, porque, como le decía, en Tamaulipas hay regiones donde es un secreto público el hecho de que los grupos criminales son los que terminan decidiendo quien gana los cargos de elección popular en disputa.
Un exdiputado local, que luego fue servidor público, me platicaba cómo en Matamoros, la ciudad donde nació, un día antes de la jornada electoral el narco obliga a cada chofer del transporte público, entre taxistas y microbuseros, a garantizar cinco votos para el candidato que ellos les indican.
Tan solo a través de los concesionarios del transporte público, en un municipio fronterizo el narco es capaz de garantizar entre 20 mil y 50 mil votos.
“El narco tiene capacidad de hacer ganar a cualquier candidato. Y así es en todos los municipios fronterizos. No hay forma de evitarlo. La autoridad lo sabe, pero no puede, o no quiere, hacer nada, porque por lo general el apoyo es para el partido en el poder” contó.
En la zona centro del estado, hay al menos cinco municipios donde un reducido grupo de personas que se autonombran defensores sociales, obligan a los electores a entregar el voto al partido que ellos deciden. La mayor evidencia de ello es que, prácticamente el 100 por ciento de los votos son para ese instituto político. ¿Usted cree que eso es posible en una democracia auténtica?
Ante ese escenario en el que transcurre el proceso electoral, el panorama luce preocupante, sobre todo porque Tamaulipas no está exenta del riesgo de que comience a registrar niveles de violencia, como ya la viven otras entidades del país, entre ellas Morelos, Colima y Michoacán.
Ojalá que esta vez los gobiernos sean capaces de garantizarnos a los tamaulipecos la libertad para ejercer y decidir el voto. Esa es su obligación.
ASI ANDAN LAS COSAS.
