Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-
La sorpresiva maniobra legislativa de Morena, de separar de su cargo
al fiscal anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, hará que el nuevo periodo
de sesiones del Congreso del Estado inicie en medio de un ambiente mucho
más polarizado que el que caracterizó a los cuatro periodos precedentes.
Los trabajos del Pleno se reactivan legalmente el uno de octubre,
aunque por lo general ese día solo se celebra una sesión pública solemne
de arranque del periodo, a la que se invita a los titulares del Poder Ejecutivo
y Judicial.
El asunto es que, la resolución tomada por la Diputación Permanente,
el pasado viernes, con la que separó de sus funciones al titular de la
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y designó
provisionalmente en su lugar al abogado Jesús Eduardo Govea Orozco, es
gasolina pura que aviva el fuego en la relación incendiaria en que han
estado conviviendo durante los dos últimos años las bancadas de Morena y
el PAN.
El presidente estatal y diputado del PAN, Luis René Cantú Galván,
calificó el hecho como una “resolución vergonzosa”, y advirtió que quienes
participaron en ella incurrieron en delitos graves, mientras que, del lado de
Morena, su coordinadora y presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula
Patricia Salazar Mojica, insiste en que, “todo se ha hecho con apego a lo
que dispone la Constitución y la ley”.
Lo único cierto de todo es que este nuevo conflicto terminará también
en la mesa de los tribunales federales, como ha sucedido con otros muchos
diferendos surgidos durante la legislatura.
De acuerdo a lo que oficialmente se ha dicho, lo que ocurrió el viernes
fue el inicio de un proceso legislativo que busca culminar en la remoción de
Ramírez Castañeda mismo que terminará decidiendo el Pleno del
Congreso.
La pregunta que surge obligada es: ¿tiene facultades la Diputación
Permanente para iniciar un procedimiento de esa naturaleza y separar del
cargo provisionalmente a un funcionario del nivel del titular de la fiscalía
anticorrupción?
Es una respuesta que seguramente aclarará muy pronto un juez de
distrito o un Tribunal Colegiado, pero mientras tanto Morena aprovechará
que tiene a uno de los suyos al frente de la fiscalía encargada de investigar
y perseguir los hechos de corrupción, porque eso le permitirá darle celeridad
al más de medio centenar iniciadas contra alrededor de 100 exfuncionarios
de la anterior administración estatal, incluido el ahora exgobernador,
Francisco García Cabeza de Vaca.
Por eso mi insistencia de que, el que viene se vislumbra como un
periodo ordinario de sesiones mucho más conflictuado que anteriores, sobre
todo porque no solamente se trata del reciente caso del fiscal anticorrupción
lo que ha tensado al máximo el ambiente en la legislatura.
También hay que sumarle la disputa por el principal órgano de
gobierno del Congreso, cuya presidencia acaba de ser ratificada, por la Sala
Regional Electoral con sede en Monterrey, para Morena, aunque todavía
faltará esperar a lo que resuelva la Sala Superior del Tribunal Electoral
federal.
Entonces, no es para nada una exageración advertir que, existen las
condiciones para que en cada sesión ordinaria del Pleno sea necesario
tener presencia policial, por lo que en las convocatorias respectivas habrá
que incluir un aviso a la autoridad responsable de la seguridad pública.
Otro apunte obligado en este polémico caso del fiscal anticorrupción
es que, si los diputados del PAN hubieran asistido a las sesiones de la
Diputación Permanente pudieron haber frenado la maniobra morenista.
Como no lo hicieron dejaron la cancha libre a los legisladores guindas.
ASI ANDAN LAS COSAS.
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