Rogelio Rodríguez Mendoza
Transcurrió ya un año y dos meses desde aquel fatal 16 de marzo del 2023, cuando el joven agente de la Policía Estatal, Cristofer Ángel Rivera Cervantes, perdió la vida en el cumplimiento de su deber, durante una emboscada del crimen organizado en la cabecera municipal de Río Bravo, y es fecha de que los padres de la víctima siguen esperando que la Secretaría de Seguridad Pública les pague el seguro de vida a que su hijo tenía derecho.
Al terrible dolor que implica para todo padre y madre la pérdida de un hijo, (que se hace mayor por las circunstancias en que murió Cristofer), los señores Tereso Rivera Alejos y Leticia Cervantes Alvarado han tenido que sumar la impotencia que implica peregrinar por los entresijos de un sistema burocrático que se niega a entregarles una prestación a la que tenía derecho Cristofer.
De nada ha servido el compromiso que asumió el secretario de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, primero en una ceremonia de homenaje de cuerpo presente al policía caído, y luego, ante diputados locales, que no se dejaría desamparada a la familia de la víctima.
Luego de alabar la valentía del agente asesinado, el funcionario prometió, en ambas ocasiones, que se cumpliría con el pago de todas las prestaciones a que tiene derecho todo policía, pero ha sido una promesa incumplida, porque hasta esta semana reciente los padres de Cristofer no habían recibido el pago de la póliza respectiva.
“Nos pidieron que iniciáramos un juicio sucesorio intestamentario para que nos puedan pagar la póliza. Lo hicimos. El juicio se está desarrollando en un juzgado de Ciudad Victoria, pero la secretaría de Seguridad Pública lo está retrasando, no sé si a propósito, porque no ha contestado un requerimiento del Juez para que rinda un informe” narra desesperado Rivera Alejos.
El pasado viernes acudió, por enésima ocasión, a las oficinas de la misma Secretaría para preguntar las razones por las que no se ha dado contestación al Juez, pero para su sorpresa nadie sabe del asunto.
“Se echan la culpa unos con otros. El área jurídica dice que no tiene nada, y lo mismo el área de recursos humanos. La verdad ya no sabemos qué hacer porque nadie nos da razón del trámite. Hemos pedido hablar con el Secretario, pero no nos lo permiten. No quieren que uno lo moleste con este asunto, que tal vez para él sea insignificante, pero para nosotros es muy importante porque las deudas nos están presionando mucho” explica el padre de Cristofer.
La historia de la familia Rivera Cervantes deja muy comprometido al titular de la Secretaría de Seguridad Publica, pero también manda un muy mal mensaje a todos los elementos de la Guardia Estatal, porque demuestra que no tienen garantía de que ante una eventual pérdida de la vida sus familias vayan a quedar protegidas.
La pregunta es: ¿Sabe el secretario Chávez de lo que están haciendo sus subalternos en este asunto? En lo personal creo que el funcionario desconoce el tema. Ojalá alguien le avise.
Como le decía al inicio, es lamentable que una familia agobiada por el sufrimiento que representa la muerte de un hijo, tenga todavía que andar casi suplicando por un derecho ganado.
EL RESTO
Por cierto, algo tendrán que realizar las autoridades, y pronto, para hacer atractivo el ingreso a las corporaciones estatales, tanto a la Guardia Estatal como a la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado.
Mientras no se mejoren los sueldos y se incrementen las prestaciones en becas, derecho a vivienda, seguro de vida, entre otras, seguirá prevaleciendo el desprecio por las convocatorias para formar parte de esas instancias de seguridad pública.
Tanto la Secretaría de Seguridad Pública como la Fiscalía de Justicia enfrentan, desde hace muchos años, un enorme déficit de policías, precisamente porque hay un marcado desprecio social por esa tarea.
Un desprecio que tiene razón de ser, porque, por un lado, el sueldo que perciben los policías dejó de ser atractivo, y por el otro el riesgo para quienes ejercen esa tarea cada vez es mayor. Nadie en su sano juicio querrá arriesgar su vida por 30 mil pesos mensuales.
El problema es mucho más serio porque un bajo sueldo siempre traerá como consecuencia un mayor riesgo de corrupción.
ASI ANDAN LAS COSAS.
