Rogelio Rodríguez Mendoza
La semana pasada, la sociedad victorense se conmovió e indignó por la trágica muerte de dos jovencitos al ser arrollados por un conductor alcoholizado.
De regreso a sus casas, luego de haber asistido a una fiesta, los jóvenes circulaban en una motocicleta sobre el libramiento Naciones Unidas, cuando una camioneta los embistió.
Alexia, de 16 años de edad, murió casi al instante, mientras que su acompañante falleció luego en el Hospital.
La fatal muerte de los adolescentes victorenses vino a evidenciar, nuevamente, la laxidad gubernamental en el combate a una conducta antisocial que a lo largo de muchos años ha destrozado gran cantidad de familias a través de accidentes automovilísticos.
La muerte de Alexia y su amigo no es culpa de quien los embistió. En realidad, es culpa de autoridades, que han mostrado una tibieza o debilidad irresponsable al momento de aplicar la ley a quienes siguen convirtiendo sus vehículos en cantinas ambulantes.
Peor aún: aunque haya quienes lo niegan, los temidos operativos para “cazar” conductores ebrios siguen siendo un simple instrumento recaudatorio para los ayuntamientos, o incluso para los mismos oficiales de vialidad, que negocian las multas con los infractores, en un acto de corrupción cuyos alcances van mucho más allá de las oficinas de la corporación.
Por eso a nadie le importa diseñar una estrategia que haga verdaderamente efectivos los retenes antialcohol. Importa más el ingreso económico que salvar vidas.
De esto y mucho más hemos escrito en otras ocasiones cuando han ocurrido tragedias como la de Alexia y su amigo. Sin embargo, nada ha cambiado y las muertes de inocentes continúan ocurriendo.
Desde este espacio me he declarado enemigo abierto del punitivismo como fórmula para frenar los delitos, o aquellas conductas infractoras de la ley que dañan criminalmente a los ciudadanos. Es así porque la historia nos ha demostrado que no es endureciendo las penas como se consigue disminuir la incidencia criminal.
Sin embargo, en el caso de los conductores alcoholizados me parece que penalizar la conducta y endurecer la multa económica podría ser una alternativa efectiva.
¿Por qué no tipificar como delito el tomar el volante bajo los influjos del alcohol?
Ya basta de tibiezas. En eso deberían ocuparse los diputados en vez de andar perdiendo el tiempo con ocurrencias.
EL RESTO
¿EN SERIO? El alcalde de Madero, Erasmo González Robledo, acaba de hacer una declaración que a muchos hizo levantar la ceja: “habrá mano dura contra los agentes de Tránsito que sean sorprendidos extorsionando a los automovilistas”.
Su advertencia o promesa es toda una joya, porque uno de las mayores quejas de la población de Madero es precisamente por la corrupción que impera en la corporación responsable del orden vial.
Ni modo que el exdiputado local priista y exdiputado federal de Morena, no esté enterado de cómo los agentes de Tránsito bajo su mando extorsionan a los ciudadanos y en particular a los visitantes de los destinos turísticos del sur del estado.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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