Desiderio García Sepúlveda
Ante la posible crisis que enfrentarán los estados fronterizos de México, por la amenaza de Donald Trump de deportar a más de un millón de migrantes el próximo año, las entidades federativas del norte del país se preparan para recibir a esa gran ola de connacionales.
Los gobernadores de Nuevo León, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Coahuila sostuvieron un encuentro con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación de México, para hablar sobre el tema y buscar posibles soluciones.
En esta reunión (a la que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no asistió o no fue invitada) se anunció la próxima construcción por parte del Gobierno federal de 25 nuevos albergues en estos estados que colindan con la frontera con Estados Unidos.
Esto a pesar de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró innecesario aumentar el presupuesto destinado a atender la migración. En datos de la organización “México Evalúa”, el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene recursos proyectados de mil 600 millones de pesos para el próximo año, una reducción aproximada de 15 por ciento respecto a los mil 900 millones aprobados para 2024.
Sumado a que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 no se etiquetaron recursos para los municipios fronterizos frente a la posible deportación masiva.
Municipios como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Nogales, Reynosa y Nuevo Laredo, entre otros, esperan recibir al menos medio millón de mexicanos que serían deportados, esto los orillaría a desatender programas locales para enfocarse en dar apoyo a las personas en tránsito, como alimentación, hospedaje, cuidados y seguridad.
La postura de la Presidenta de México ante esta crisis es que su gobierno recibirá a los mexicanos que sean deportados, pero que no aceptará a inmigrantes de otras nacionalidades para que permanezcan en México, como ocurrió en el pasado gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El siguiente paso es qué se hará con ese gran número de mexicanos repatriados, pues una cosa es darles albergue temporal y otra muy distinta es el gasto que ocasionaría su inserción en la sociedad mexicana con todo lo que esto conlleva, además de decirle adiós a ese porcentaje de remesas.
De acuerdo con cifras recientes del Departamento de Seguridad Nacional del vecino país de norte; en Estados Unidos viven alrededor de once millones de migrantes indocumentados, un número que ha permanecido más o menos estable desde hace casi veinte años. En su mayoría son residentes de larga duración: un promedio de cuatro de cada cinco migrantes indocumentados llevan al menos una década en territorio estadounidense.
El plan de deportación masiva anunciado por el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ocasionaría una crisis en su país, de acuerdo con análisis de expertos en inmigración, estos podrían costar entre 150 mil a 350 mil millones de dólares, además de causar una escasez de mano de obra en sectores clave y hacer caer la economía de al menos cinco estados de la Unión Americana.
Veremos si en 2025 Trump cumple sus amenazas o todo se queda como simple amago de propaganda política. De seguir adelante con sus planes tendría que declarar una emergencia nacional, para conseguir recursos adicionales y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva.
De dar ese paso, sería un hecho sin precedentes, además de una fractura en las relaciones México-Estados Unidos, sumado a los costos económicos para ambas naciones. En retrospectiva, hay mayor pérdida que ganancia en esta acción, pero debemos recordar que existen en el mundo personas que lo único que quieren es verlo todo arder.
