Rogelio Rodríguez Mendoza
“De 900 llamadas que recibe cada día el 911, 800 son falsas”,
denunció recientemente funcionarios de Victoria, para referenciar la
magnitud del problema que siguen representando para las autoridades, y
para la misma sociedad, los bromistas telefónicos.
El funcionario municipal no es el único que se ha quejado. Lo han
hecho casi todos los titulares de las instancias de seguridad pública, desde
hace muchísimos años.
Cada que alguien llama falsamente a las corporaciones de auxilio
pone en peligro de muerte a muchos: a los paramédicos, a los policías, a
bomberos, y todos aquellos servidores públicos cuya función es socorrer a
la población en situaciones de emergencia.
De paso, también generan riesgo para quienes realmente requieren el
auxilio, porque ante la gran cantidad de llamados falsos, las operadoras del
911 retrasan la ayuda al tratar de asegurarse de que no se trata de otro
bromista.
A todo eso hay que sumarle el enorme despilfarro de recursos
públicos que implica la movilización en falso de las corporaciones policiales.
Como se ve, se trata de un tema gravísimo, no hay duda. No
obstante, todavía más grave que eso está la incapacidad que han mostrado
las autoridades para frenarlo.
¿Por qué no lo han logrado? A mí me parece que, más que capacidad
lo que ha faltado es voluntad del gobierno para dar resultados. La
herramienta legal está al alcance de las autoridades, pero no la usan.
Desde diciembre del 2017, ¡hace casi seis años!, el Congreso del
Estado reformó el Código Penal de Tamaulipas para penalizar a los
bromistas telefónicos. Lo hizo precisamente ante la gravedad del problema.
Se pensó que encarcelando a los primeros el resto se intimidarían.
Desde entonces, la fracción tercera del artículo 172 establece que,
comete el delito de ataques a las vías de comunicación y utilización
indebida de los sistemas de auxilio a la población: “El que por cualquier
medio reporte hechos falsos a los elementos de los policías estatales o
municipales, cuerpo de bomberos, personal de instituciones públicas o
privadas, que presten servicios de emergencia o protección civil, que impida
o cause un perjuicio o trastorno que afecten el buen funcionamiento de
dichos sistemas”.
Prevé penas de 3 a 7 años de prisión para el responsable de ese
delito. Como se aprecia, la conducta delictiva está severamente sancionada.
Sin embargo, ¿sabe usted cuántas personas han sido sentenciadas
por ese delito?
“Que yo sepa, ninguna”, me confesó esta semana un Juez en materia
penal con el que comente la problemática.
“Ese es el gran problema que tenemos, no solo en Tamaulipas sino
en todo el país: que no se aplican las leyes. Y como se sabe, cuando no se
castigan los delitos se genera impunidad, cuya consecuencia, en este caso
se traduce en miles de llamados en falso a las corporaciones de auxilio”,
señaló. Y tiene toda la razón.
Frente a ello, habrá que exigirle a las autoridades, todas, que se
apliquen en hacer su tarea. Que dejen de quejarse y cumplan con su
responsabilidad. Que procesen y sentencien a los bromistas. Es una
urgencia social.
EL RESTO.
SIGUEN.- Durante el sexenio del panista, Francisco García Cabeza
de Vaca, la Secretaría de Seguridad Pública fue la instancia de gobierno
con más corrupción.
Hacia dentro de la dependencia son publicas las historias de quienes
se enriquecieron a manos llenas. Las áreas administrativas que manejaban
la compra de combustible, equipamiento y pago de viáticos, fueron la vía
para el robadero.
Lo preocupante de todo es que, algunos de esos personajes siguen
incrustados en la nómina de la secretaría, haciendo exactamente lo mismo.
Ante ello, uno se pregunta: ¿de qué se trata?
ASI ANDAN LAS COSAS.
