El reciente fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los topes de gastos de campaña para las elecciones judiciales del próximo primero de junio ha puesto en evidencia, una vez más, la simulación del proceso orquestado para la reforma judicial y la fragilidad de nuestras instituciones en la búsqueda de la equidad democrática.
La decisión de eliminar el tope único de 220 mil 326 pesos impuesto por el Instituto Nacional Electoral (INE) y ordenar montos diferenciados para los distintos cargos judiciales no es una mera cuestión técnica, sino un golpe más a la promesa de igualdad en la contienda electoral que, desde su gestación, trae los dados cargados.
El argumento central del Tribunal, basado en que la cantidad inicial debe ser solo la “base” y no el límite máximo de gasto, beneficia a aquellos aspirantes con mayores recursos económicos, ya que la reforma judicial solo permite el autofinanciamiento de sus campañas, sin recursos públicos ni donaciones privadas.
La magistrada Janine Otálora Malassis señaló que un tope de gastos equitativo evita que el dinero sea el factor determinante en una contienda electoral. Sin embargo, la postura mayoritaria en el TEPJF ignoró esta premisa fundamental, abriendo la puerta a una elección donde la capacidad financiera puede inclinar la balanza más que la calidad de los aspirantes.
En un país con profundas las brechas económicas, permitir mayores gastos no solo afecta la equidad, sino que introduce un sesgo estructural en favor de las élites económicas y políticas.
El INE, obligado a acatar la resolución, ahora enfrenta el reto de establecer montos diferenciados que no profundicen la desigualdad en la competencia. Por lo que deberá analizar en su próxima sesión la propuesta que hizo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, de fijar el tope en 1.4 millones de pesos para los candidatos a ministros de la SCJN, de 881 mil pesos para magistrados de salas regionales, para magistrados de circuito de 413 mil pesos y para jueces de distrito de 220 mil pesos. Estos montos, revelan un problema adicional: la falta de una metodología clara para justificar estas cifras. Si el límite inicial de 220 mil pesos era insuficiente, ¿en qué se basan ahora para determinar los nuevos montos? ¿Qué mecanismos garantizarán que no se conviertan en una vía de simulación o financiamiento opaco?
Elevar el techo de gasto sin un análisis profundo ni salvaguardas efectivas solo perpetúa un sistema en el que la política se vuelve un juego exclusivo para quienes pueden pagarlo. ¿No era, acaso, la intención de la reforma judicial limitar estas distorsiones?
La decisión del TEPJF rompe con la ilusión de muchos candidatos que todavía pensaban que competían en una elección con piso parejo. Este golpe de realidad refuerza la percepción de que la justicia electoral en México aún está lejos de garantizar elecciones donde el mérito pese más que el dinero. Mientras tanto, la equidad sigue siendo una promesa en el papel, pero no en la práctica.
